Un equipo de fiscales del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, acudió a las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) la mañana del 5 de abril. El objetivo era recabar documentación ante la denuncia interpuesta contra Franco Vicente Navarro Rondón, consultor directo del gobernador Rohel Sánchez Sánchez. Una semana atrás, el Ministerio Público recibió esta acusación con reserva de identidad. Navarro está en la planilla dorada del GRA. Es consultor de gobernación pagado por el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) desde el arranque de la gestión y es del círculo cercano de la autoridad regional.
La acusación es de un presunto direccionamiento para brindar el servicio de mantenimiento de un vehículo a la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), del GRA. Se presume que el funcionario implicado habría intervenido ante el cotizador para que dicho privado sea beneficiado. Durante las diligencias Navarro buscó participar de las mismas, pero esto le fue negado.
El fiscal provincial Manuel Aquino y los fiscales adjuntos Jorge Astete Alarcón y Roxana Leiva Gómez, recabaron información de la Oficina de Logística y la Gerencia General. Recabaron las órdenes de servicio otorgados al proveedor para analizarlas. Los magistrados estuvieron acompañados de personal del Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos contra la Corrupción de Arequipa, además de miembros de la Contraloría que estuvieron de veedores.
Cuatro horas duraron las diligencias. Al finalizar, Aquino no brindó ningún detalle, salvo que la indagación es reservada y que los funcionarios del GRA colaboraron con la entrega de toda la documentación. La investigación se encuentra en etapa preliminar y durará 60 días.
Fuentes internas de la entidad regional señalaron que al servidor se le habría suspendido su contrato como consultor de gobernación. Esto ante el conocimiento de la diligencia de la Fiscalía y Policía.
Navarro tenía un sueldo asignado por el FAG de S/ 7 500. Provenía de la Municipalidad de Paucarpata donde ejerció el cargo de gerente de Servicios Públicos. Apoyo en la campaña del movimiento regional de Sánchez: Yo Arequipa.
La entidad regional comunicó que se dispuso dar todas las facilidades para que los operadores de justicia realicen su trabajo para determinar responsabilidades. “El GRA no se someterá a presiones de ningún tipo para direccionar procesos, por ello el personal está autorizado para denunciar los actos reñidos contra la ley”, se lee.
Un día atrás de la intervención fiscal, el gobernador solicitaba a los alcaldes que se les transfirió S/ 152 millones para obras, denunciar a las personas que solicitaban dinero para que se aprueben los expedientes. Estos funcionarios habrían acudido a las municipalidades de la Provincia de La Unión e Islay. “Hago un llamado a los alcaldes de estas municipalidades y de toda la región a denunciar estos actos ilegales y a no caer en manos de estas personas inescrupulosas”, se pronunció.