Las secuelas que arrastran los heridos de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte

Doce de diciembre del 2022, inmediaciones de la comisaría de Ciudad Municipal, Cerro Colorado. Un grupo de personas y manifestantes rodean a Juana Leocalla Solórzano que está sentada.
La mujer de 52 años se encuentra consternada. Se toma el lado derecho del rostro por la sangre que le brota. Los presentes le echan agua y le alcanzan una tela para cubrir la herida. “¡Que esto no sea en vano! ¡Sigan adelante!”, les dice Juana a los que la auxilian.

Aquella jornada, cientos protestaban pidiendo nuevas elecciones. La manifestación se tornó violenta: se incendió carros y se atacó a la comisaría.

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Juana había tratado de auxiliar a Miguel Arcana (37) el primer fallecido en las manifestaciones, de los tres en la región Arequipa. “Delante de mí le dispararon. Quise echarle agua, pero ya estaba muerto. Me volví para atrás porque empezaron a disparar y me puse a llorar”, cuenta. Meses después, Juana confiesa no recordar todo y que solo tomó conciencia cuando era trasladada en ambulancia al hospital Honorio Delgado por herida de arma de fuego. La desfiguraron. “Fue tan veloz el disparo, que sentí solo el golpe”. Cuando intentaba sentarse, relata que tres policías se acercaron y uno de ellos le percuto una bomba lacrimógena que le impactó directo en el rostro.

Esa tarde también fueron trasladados lesionados al hospital Lenin Caira Pari, Gianfranco Huamani Mollo, Wilbert Huanca Monrroy y Ederson Lizaraso Tacuri. Además de 6 efectivos policiales heridos enviados al Seguro Social (ver despiece). Todos los casos fueron acumulados en un solo expediente de investigación preliminar de 8 meses. Por tanto, la fiscal penal María Gómez Rivera, no solo indaga por la muerte de Arcana, sino también de los que resulten responsables de las lesiones de Juana, y los demás mencionados. Sin embargo, a la par, también se les investiga por presuntamente cometer delito contra la paz pública en la modalidad de disturbios. Arturo Salas, abogado de Solidaria Perú, refiere que el Ministerio Público deberá comprobar que cometieron esos delitos, con videos, fotografías, declaraciones de testigos, sino deberá archivar la imputación.

La señora Juana estuvo tres días hospitalizada y le practicaron 2 cirugías. “Lo único que quiero es que reconozcan los policías que sí me han disparado y sin motivo. No he agredido a nadie, estaba sentada”.

Más heridos

Ederson Lizaraso de 28 años, aún tiene perdigones alojados en su cuerpo. “Llegaba de mi instituto de maquinaria pesada y a la altura del puente Añashuayco (Cerro Colorado) vi enfrentamientos. Pasaba por un costado y de frente un policía me disparó una ráfaga”, contó desde Moquegua donde está trabajando. En el nosocomio del Honorio Delgado le quitaron algunos de estos proyectiles del rostro, tórax, abdomen. Sin embargo, Ederson señala que aún aloja perdigones en el brazo, pierna, cara y que siente molestias en el oído izquierdo. No cuenta con dinero para más cirugías.
Quien socorrió a Geanfranco Huamani Mollo de tan solo 19 años, fue su madre, Luz Mollo Solórzano

El joven indica que regresaban de trabajar en la granja de su mamá cuando empezaron a lanzar gases. Una de las bombas le impactó en el lado derecho de la cara, dejándole un trauma severo. “Me colocaron una placa dentro del rostro para que el hueso se regenere. Me rompieron parte de la cara y la lacrimógena me produjo un corte en la nariz”, precisó.

A Wilbert Huarca le cayó también un cartucho de la bomba lacrimógena, pero en su muslo de su pierna derecha. Mientras que Lenin Cayra le golpeó la cabeza mientras apoyaba las marchas.
Salas sostiene que tiene dos objetivos la investigación fiscal. Una es determinar al responsable individual de las lesiones producidas y la otra es indemnizar.