Congreso insiste con dar un salvataje a 11 universidades privadas no licenciadas

En medio de la crisis política y social que agobia al país, desde el Congreso insisten con la búsqueda de un salvataje para las universidades privadas asociativas que no lograron su licenciamiento. Entre las 11 que existen están la Garcilaso de la Vega, la Néstor Cáceres Velásquez, de Puno, y la José Carlos Mariátegui, de Moquegua.

El legislador Segundo Quiroz Barboza, del Bloque Magisterial, presentó ayer el proyecto de ley n.° 4052, que promueve el licenciamiento de casas de estudio sin fines de lucro denegadas. Esta iniciativa establece, por única vez, un "plazo de emergencia" y adecuación de dos años, a fin de que las universidades puedan realizar "las acciones necesarias para alcanzar las condiciones básicas de calidad, de conformidad con la resolución del consejo directivo 111-2018-Sunedu".

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Esto, en la práctica, les otorgaría una segunda oportunidad para que, en dos años, subsanen solo las exigencias incumplidas y no pasen por todo el proceso. Esto implica que lo hagan bajo el esquema anterior y ya no con la nueva evaluación —más exigente— de la Sunedu.

"Las universidades denegadas tienen hasta cinco años para seguir funcionando y en ese periodo pueden volver a presentarse al licenciamiento con el modelo vigente y sin ningún impedimento. Sin embargo, a través de una ley, pretenden que se les evalúe con una valla más baja que las públicas", dice Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), quien subraya que instituciones estatales como la San Luis Gonzaga de Ica (Unica) se han licenciado con las nuevas exigencias.

La reciente propuesta de Quiroz Barboza va en la misma línea de otras que ya están listas para ser debatidas en el Pleno. Se trata del dictamen que acumula los proyectos de Darwin Espinoza (Acción Popular), Wilson Quispe (Perú Libre), Esdras Medina (Somos Perú) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), quienes han estudiado en instituciones no licenciadas (Garcilaso, Uladech y la Néstor Cáceres).

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Esta propuesta ha sido incorporada en varias agendas del Pleno. Ante ello, en noviembre pasado, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, envió un oficio al presidente del Parlamento, José Williams, en el que solicitó su archivamiento, al considerarlo un "retroceso" en la política de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria.

Detalles del proyecto

El proyecto del congresista Segundo Quiroz dispone que, en un plazo no mayor a 30 días calendario, la universidad elabore un plan de emergencia, para lo cual podrá solicitar el acompañamiento técnico de Sunedu. "Piden acompañamiento de Sunedu, cuando debería ser de Minedu, ya que podría haber un conflicto de intereses. Las universidades asociativas denegadas no quieren invertir, quieren entrar por la puerta falsa y establecer condiciones menos exigentes que para las públicas, las cuales ya se están licenciando. No tiene sentido", agregó Mori.

En el TC

Audiencia. Para mañana viernes se tiene previsto que el Tribunal Constitucional (TC) vea la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial, en la cual se está incluyendo los procesos referidos a la ley de "autonomía universitaria", conocida como contrarreforma. Buscan así declarar sin efecto su nulidad en el PJ. La sesión, que incluirá otros casos, arrancará a las 9:30 a.m.