Luis Quispe: “No haber implementado control de velocidad es realmente una omisión muy grave”

La ley que ordena reducir la velocidad del conductor se ha empezado a aplicar desde el 18 de julio del 2022, y las multas por exceder ello han comenzado a implantarse desde el último 15 de agosto. La Policía de Tránsito, la municipalidad de Lima y los actores involucrados esperan que esta medida disminuya los accidentes de tráfico y, por ende, reduzca las estadísticas de muerte en este ámbito. No obstante, se ha cuestionado el hecho de que no exista la tecnología suficiente para fiscalizar a los posibles infractores y cumplir de manera óptima la normativa.

La República conversó con Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, quien consideró que hay varios factores que no se han aplicado a nivel nacional para poder empezar a poner en práctica esta ley, y que la tecnología en transporte es una de las principales falencias.

—¿Considera que los nuevos límites de velocidad reducirán los accidentes de tránsito?

—Es lo que confiamos. El propósito de la disminución de la velocidad no es sino ir en concordancia con las medidas que se vienen adoptando en el mundo a consecuencia de la recomendación de la evaluación de las Naciones Unidas y, en particular, a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a los estudios señalados que indican que el exceso de velocidad es la principal causa de muerte de accidentes de tránsito y se ha venido reduciendo tanto en las carreteras como en las ciudades de todo el mundo.

—¿Qué dicen los estudios respecto a la relación de la velocidad y los accidentes?

—Los estudios señalan que, cuando un peatón es atropellado a menos de 50 km/h, hay posibilidades de que la persona sobreviva, sufra lesiones, evidentemente peor, no llegaría a morir; en cambio, si supera los 50 km/h, los 65 km/h o más, pues las lesiones graves son eminentes y la muerte puede ser inminente.

—Esta norma se publicó el 17 de julio del 2021 y se dio de plazo un año para que las ciudades señalicen sus pistas, calles, avenidas; además de que se establezcan las multas. Ha pasado más de un año de eso, ¿se ha cumplido en Perú como para empezar a aplicar la medida?

—Hay una particularidad en nuestro país; por un lado, los alcaldes no han cumplido con señalizar las vías, en Lima nomás, excepto en el Callao, ahí lo tienen totalmente señalizado, y en el resto del país tampoco. Y, por otro lado, que es lo más grave, esta medida se va a cumplir y se va a seguir cumpliendo estrictamente en el Callao porque ahí tienen cámaras de control de velocidad; en cambio, en Lima no hay. En Lima hay 10 cinemómetros, esto es nada para una población tan inmensa y una ciudad tan extensa como es Lima.

—¿Quiere decir que por más de que se quiera aplicar la norma, no hay la tecnología ni los medios necesarios para que se cumpla a cabalidad?

—Eso es lo más grave, no haber implementado control de velocidad a este tiempo es realmente una omisión muy grave de parte de las autoridades. Todas las ciudades que están a nuestro alrededor, Santiago, Bogotá, Quito, todas tienen controles de velocidad y nuestro país es la excepción. Los conductores no respetan el límite de velocidad, no tenemos un sistema de semaforización inteligente, no tenemos un sistema integrado de transporte, ahí tenemos un problema muy serio.

—¿Por qué el Callao sí tiene instalada la tecnología requerida y no se aplica para Lima?

—Cuando se implementó en el Callao, se entregó mediante licitación al consorcio los controles de velocidad y la manera del contrato del Callao, en ese entonces, era que esta empresa participa de un porcentaje de la multa y, evidentemente, el mayor porcentaje va a la municipalidad. Entonces, cuando se intentó implementar esta misma medida a una época del señor Castañeda, y también la señora Villarán, creo que intentó, no se logró porque el Estado y el Ministerio de Economía se opusieron.

—¿Cuáles fueron los argumentos del MEF?

—La tesis, según el Ministerio de Economía, es que el dinero de una multa es del Estado y no se podría disponer para favorecer a un privado, pero evidentemente, en ese tipo de situaciones, se puede modificar la ley para que haya excepciones, cuidando de que no haya un abuso de esa ley expresamente para este tipo de medidas.

—¿Cómo favorecería la modificación de esa ley para aplicarlo en todo el país?

—Para que el Estado no sea quien gaste en la implementación de los controles electrónicos, porque estas empresas lo instalan de forma gratuita, ellos se encargan del mantenimiento, de la calibración y la gestionan. Eso me parece muy bien porque, si el Estado va a gastar, va a gestionar, eso va a ser una calamidad, nunca el Estado ha sido un buen gestor.

—¿La modificación de la ley debería venir desde el Congreso o del MTC?

—Tenemos la tarea del Congreso, pero la iniciativa debería ser el Ministerio de Transportes, la municipalidad también podría mandar una iniciativa, pero tiene que ser una labor concordante para que sean en todo el país.