A través de la Carta 080 del 3 de agosto de 2022, el Cuerpo Médico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) solicitó al gerente de la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud, Max Mejía Salazar, explicaciones sobre el traslado presupuestal de S/ 3 342 000, monto destinado a la habilitación de 25 camas con cánulas de alto flujo para pacientes COVID-19, con el fin de adquirir bienes estratégicos para los establecimientos de salud.
En el documento, el presidente del Cuerpo Médico, Luis Salinas Andrade, pidió a Max Mejía que sustente el criterio del comité de priorización de gastos. Este justificó el traslado del presupuesto que se asignó para la instalación de camas con cánulas de alto flujo para los pacientes afectados por coronavirus en el Hospital Almanzor Aguinaga, tal como lo indica el Acta 8 que suscribe Max Mejía, así como otros funcionarios de la Red Prestalacional Lambayeque: jefe de la Oficina de Administración, Wilson Ramírez; Roger Chávez, jefe de la Oficina de Administración; y César Rodríguez, jefe de Abastecimiento.
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Luis Salinas refirió a la República que en dicho acuerdo no se consigna la opinión del representante legal que fundamente los hechos para descartar la implementación de las 25 camas.
Asimismo, anotó que la unidad de cuidados intensivos (UCI) que tiene 15 acamas está en su capacidad máxima, con pacientes que padecen diferentes patologías, entre ellas COVID-19. “Existe la necesidad de contar con camas con cánulas de alto flujo para mejorar la atención de los asegurados y descongestionar la UCI”, enfatizó.
Max Mejía informó sobre los procesos para el Hospital de Alta Complejidad. Foto: La República
También mencionó que los más de S/ 3 millones se destinaron a la compra de medicinas, material médico, insumo para laboratorio, embalajes y fletes, y material de ferretería; sin embargo, anotó que la compra de dichos bienes estratégicas contó con recursos, pero que se habrían destinado a pago de deudas. “Este problema con sus diferentes componentes demuestra deficiencias y presuntas irregularidades que deben investigarse, pues los recursos para la compra de medicamentos se habrían utilizado en la cancelación de deudas”, enfatizó.
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El galeno anotó que se requirió a la Oficina de Control Institucional (OCI), Ministerio Público y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) intervenir en aras de la transparencia y el cumplimiento de la norma.
Por su parte, el gerente general Max Mejía indicó a La República que no declarará sobre el tema.