Trujillo: alcalde zapatero pide pena de muerte para violadores y secuestradores de niños

Pena de muerte para los violadores y secuestradores de niñas y niños, para que se detenga de una vez por todas este flagelo que enluta a cientos de familias en todo el Perú, solicitó el alcalde de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, Víctor Rebaza Benites.

El viernes 22 de abril, en horas de la noche, desde la Plaza de Armas del distrito zapatero, en una vigilia por la seguridad ciudadana, demandó al Gobierno central que se dicte la medida, debido a las alarmantes cifras de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Los números son terribles y dramáticos, pues se sabe que sólo en el 2019 se atendieron más de 5.000 denuncias de violación sexual en menores de edad, cifra que sólo equivale al 65% del total de violaciones cometidas durante dicho año, pues no están contados los casos que no se denuncian”, agregó la autoridad edil.

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“Es por eso que, desde la Capital del Calzado y en nombre de los cientos o miles de familias que les ha tocado padecer este flagelo, nos dirigimos a todas las instancias necesarias para que, en los casos especiales donde estén involucradas las vidas de nuestros niños y jóvenes, se aplique la pena de muerte para todos estos insanos que dañan la inocencia y enlutan a los hogares peruanos”, expresó.

En este sentido, el abogado Juan Alfaro Rodríguez manifestó a La República que la pena de muerte es una ley, por lo tanto, la da el Congreso de la República, no el Poder Ejecutivo. “Si la ley no existe, el Gobierno no puede aplicarla, el alcalde debe ser más coherente con su pedido, o solicitarlo a quien corresponde”, agregó.

“Para empezar, debe conversar con los Congresistas de su partido para que tengan la iniciativa de presentar el proyecto de ley, aprobarla y remitirla al Ejecutivo”, precisó.

Defensoría del Pueblo rechaza pena de muerte

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó que rechaza la castración química y pena de muerte para los abusadores sexuales, ya que se violaría la dignidad humana de estas personas y se incurriría en falta a los tratados firmados en pro de los derechos humanos.

“Rechazamos que se propongan medidas como la castración química o la pena de muerte para agresores sexuales. La primera de ellas no es una medida eficiente, pues no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes. Además que, como sanción, ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana, lo que nos llevaría a incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano, e incrementaría el gasto público”, se lee en la misiva.