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INS sobre compras de pruebas rápidas COVID-19: Hechos corresponden a los 3 primeros meses de pandemia

Las investigaciones para determinar responsbilidades están en manos del Minsa y de la comisión de procesos del INS.

La Contraloría reveló que el INS gastó un total de S/ 105 791 416 en la compra de 5 233 346 pruebas rápidas COVID-19. Foto: Composición LR
La Contraloría reveló que el INS gastó un total de S/ 105 791 416 en la compra de 5 233 346 pruebas rápidas COVID-19. Foto: Composición LR

En relación a la adquisición de pruebas rápidas COVID-19 por la suma de más de S/ 105 millones, el Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que los hechos revelados por un Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República corresponden a los tres primeros meses de la pandemia. Es decir entre marzo y mayo del 2020.

“La adquisición se hizo en el marco del Decreto de Urgencia n.º 028-2020 y de los Documentos Técnicos para la respuesta al COVID-19, vigentes en esa fecha”, precisó mediante un comunicado de prensa.

Además, detalló que el Ministerio de Salud (Minsa) estableció “la necesidad y la cantidad de pruebas rápidas que se necesitaban para atender la pandemia”. Con esta disposición, “el INS realizó la solicitud a Perú Compras, quien estuvo a cargo del proceso de selección para la adquisición de los bienes mencionados”, agregó.

Investigaciones

De acuerdo al INS, tomaron conocimiento de los resultados del Informe de Cumplimiento n.º 028-2021-2-0229-AC el 30 de noviembre de 2021. Y este fue remitido a la Procuraduría Pública del Minsa y a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para la determinación de las responsabilidades correspondientes.

¿Qué reveló el informe de la Contraloría?

Este jueves la Contraloría reveló que el INS gastó un total de S/ 105 791 416 en la compra de 5 233 346 pruebas rápidas COVID-19, que resultaron ser ineficaces para el diagnóstico temprano del virus o la detección de casos en la fase inicial de la pandemia.

También se supo que se cometió una serie de omisiones en el control y supervisión de la distribución de estas pruebas rápidas. Además de no conocer la ubicación de un lote de 71.720 pruebas, valorizadas en S/ 1 420 218,60, la Contraloría indicó que no se pudo aplicar penalidades a los proveedores por irregularidades en los trámites.

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