Puno: jefe Anticorrupción de PNP tiene acusación de corrupción en Fiscalía

El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos ocupará la jefatura de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, carga con una investigación pendiente en la Fiscalía Anticorrupción de Puno. Su designación se oficializó el martes pasado mediante resolución suprema nº 024-2022-IN.

Valverde dirigirá una unidad nacional que investiga y detiene a implicados por diversos delitos contra la administración pública a nivel nacional.

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Cuestionamientos

Adolfo Gregorio Valverde fue jefe de la X Macro Región Policial de Puno, desde enero hasta la primera semana de mayo del 2020. En la época más dura de la pandemia, su gestión compró para su tropa equipos de protección personal (EPP) a precios por encima del costo promedio de mercado. Por ejemplo, se pagaron S/ 35,00 por frascos de alcohol cuando en ese entonces, en el mercado, el mismo producto valía S/ 7. Hubo presuntas sobrevaloraciones en la compra de guantes, barbijos, alcohol en gel, papel higiénico, entre otros. En total se invirtieron 711 mil 800 soles.

Según fuentes del Ministerio Público en Puno, lo más reciente de la investigación es que, según peritajes, no solo hubo sobrevaloración, también se habrían adquirido productos de mala calidad inservibles para afrontar la emergencia. Se puso en riesgo a los agentes que patrullaban las calles.

Hasta el momento se habría acreditado que la cotización se hizo por correo electrónico y los representantes de las empresas postoras estaban vinculadas familiarmente entre sí y desde hace años eran proveedores exclusivos de la Policía Nacional.

El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos aprobó la orden de compras el sábado 28 de marzo del 2020. Sin embargo, los proveedores ya habían enviado su cotización vía correo electrónico el 25 de marzo.

No solo Valverde está comprendido en el caso. También está involucrado el entonces jefe de logística de Puno, el mayor PNP Manuel Rojas Ordóñez, y la suboficial de tercera Sheny Quispe Borda. Manuel Rojas fue quien dirigió las compras cuestionadas.

En la Fiscalía, el caso sigue en curso. Sin embargo, los implicados quedaron libres de responsabilidad administrativa, según establece la Resolución 10-2021 de fecha 28 de marzo del 2021, firmada por Roy William Ugaz Suárez, inspector general de la Policía Nacional. La investigación a nivel policial demoró 10 meses.