La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un pronunciamiento tras el fallo del Poder Judicial (PJ), donde se le ordena al Ministerio de Salud (Minsa), al Ministerio de Justicia (Minjus) y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.
“Comprendemos el sufrimiento que Ana Estrada Ugarte viene atravesando a causa de su enfermedad, nos solidarizamos con ella, le ofrecemos nuestra oración y cercanía para que en medio del dolor y la angustia que le ha tocado vivir, abra su corazón a la fe, a la misericordia y al amor de Dios”, se lee.
Asimismo, recalcó su posición en contra de la práctica de eutanasia. “Debemos recordar que la eutanasia siempre será un camino equivocado, porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida, causa directamente la muerte de un ser humano y por ello es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia”, señaló.
Además, aseveró que “la Constitución del Perú establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”. Por ello, recordó que ninguna autoridad puede imponerla o permitirla. En esa línea, manifestó que se debe negar toda cooperación que atente contra los derechos.
Comunicado del CEP. Foto: Twitter
Por otro lado, recordó las palabras del papa Francisco donde mencionó que “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza”. Por último, invocó a la ciudadanía a seguir luchando en medio de la pandemia contra el nuevo coronavirus.
Desde los 12 años, Ana Estrada Ugarte fue diagnosticada con polimiositis, una enfermedad muscular crónica, incurable y degenerativa que la mantiene entubada y postrada en una cama casi todo el día. A mediados del 2019, ella empezó a luchar por su derecho a una muerte digna. Luego de dos años, el Poder Judicial emitió un fallo a su favor que las autoridades deberán determinar si lo ejecutan.