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Sociedad

La nueva ley formaliza a seis mil hectáreas de terrenos invadidos en Arequipa

De invasores a propietarios. El Perú es un país informal. Pasa en la gestión de la propiedad. Los terrenos públicos son invadidos y luego se espera ley para alcanzar alcanzar el título.

larepublica.pe
jardines del colca . Este predio ubicado en Yura fue invadido y ahora esperan sus títulos.

La ley 31056 firmada esta semana pasa a la legalidad más de 5 704.13 hectáreas en la provincia de Arequipa. Son terrenos eriazos invadidos entre el 2011 y 2015. Los posesionarios de estas áreas, ahora tienen el derecho de solicitar la titulación y a costo cero por el metro cuadrado. Así de fácil.

Un reporte de la oficina de Diálogo y Gobernabilidad de la pasada gestión regional, identificó las invasiones en la provincia hasta el 2015. Así, en el 2011 se invadieron 188.16 hectáreas, en el 2012 un total de 2056.03, el 2013 fueron 2612.97, el 2014 descendió a 379.51 y el 2015 llegó 467.46.

El encargado de entonces, César Huamantuma, sostiene que el incremento del 2012 y 2013 responde a grandes invasiones, como Jardines del Colca. Solo esta ocupación se extendió en 600 hectáreas. El gobernador regional Elmer Cáceres Llica es uno de sus asociados, mientras que su asesor Hugo Mendoza es el presidente.

Las usurpaciones descendieron el 2014, por la ley 30230, que establecía los desalojos extrajudiciales, pero sus alcances fueron posteriores a la norma. Así los terrenos invadidos entre noviembre del 2010 y julio del 2014, no podían ser titulados por el Estado, pero su desalojo tampoco era automático, el Estado debía seguir un proceso judicial. Entonces, mientras los posesionarios se defendían en los tribunales, también exigían una norma para titularse.

Huamantuma señala que estos predios ya no podrán ser desalojados. Y remarca que la cifra es solo en la provincia de Arequipa, pues existen otras ocupaciones en Islay y Caylloma, que también pasarían a la legalidad. La ley 31056, pone como fecha tope para titulación el 31 de diciembre de 2015. Si la invasión se produjo al día siguiente no puede recurrir a la formalización.

El jefe de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Rolando López, estima que 30 procesos judiciales de desalojo enmarcados entre el 2010 y 2014, se caerían con la nueva ley. Restan otros 70, pero posteriores al 2015, los cuales no requieren permiso de un juez.

La ley también podría afectar la venta de terrenos bajo la ordenanza 004-2016. Con esta norma regional, los ocupantes que no podían ser titulados ni echados extrajudicialmente, tenían la opción de comprar las áreas ocupadas.

Rolando López informó que hay seis asociaciones que tenían el proceso de compra avanzado. Queda la duda si estos posesionarios seguirán con la adquisición o decidirán acogerse a la nueva ley, donde no pagarán nada. López señaló que algunos terrenos que el GRA pensaba vender o subastar, se valorizaban a 20 soles por metro cuadrado.

A favor de ley

El Gobierno Regional de Puno, sufrió la invasión de 50 hectáreas de terreno hace años, según el jefe de Patrimonio, Claudio Chambi Clavijo. El funcionario dijo que la ley dará celeridad para que los ocupantes obtengan su derecho formal.

“Lo que estamos haciendo es darle una solución salomónica sin conflicto, porque se trata de invasiones que tienen años. Si bien el gobierno regional es propietario, por el paso de tiempo, los posesionarios también adquirieron derechos. Lo único que permitirá esta ley es acelerar las cosas”, expresó.

Podría beneficiar negocio de traficantes

Rolando López considera que la ley 31056, podría favorecer a los traficantes. Opinó que el reglamento de la ley, debe poner candados que impidan el negociado de terrenos. La norma publicada por ahora señala que los beneficiarios no podrán vender los lotes por un periodo de cinco años. Tampoco accederán aquellos propietarios y copropietarios de otros predios.

El funcionario de Ordenamiento Territorial, añadió que Cofopri tendrá una amplia tarea para verificar que los beneficiarios, sean auténticos posesionarios y que necesiten una vivienda. Otra tarea también sería de los municipios provinciales, para delimitar las áreas de aporte, destinados a parque o proyectos comunales.

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