Cusco: contaminación del río Velille es atribuida a los mineros informales e ilegales

El pasado fin de semana, las aguas del río Velille que irrigan los campos de cultivo en las comunidades de las provincias de Chumbivilcas y Paruro, en la región Cusco, tomaron un color verde oscuro. Las autoridades pidieron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Ministerio de Energía y Minas que investiguen la contaminación del afluente a causa de la actividad minera informal e ilegal.

El alcalde del distrito de Chamaca (Chumbivilcas), Antonio Huamán Arias, confirmó que el río resultó contaminado porque en los últimos meses empezó la invasión de territorio chumbivilcano por mineros informales e ilegales.

“No podemos confundir la minería artesanal con este sistema que se está aplicando con lavaderos, como se hacía en Puerto Maldonado (Madre de Dios)”, dijo preocupado Huamán Arias.

Según el alcalde de Chamaca, hay 100 “labores (espacios) mineras” en los sectores de Choccollo e Idiopa Ñaupa Japu Urinsaya del distrito vecino de Colquemarca, donde están las cabeceras de los ríos Ccasccamayo y Sainata que a su vez son tributarios del gran río Velille. Ambos afluentes reciben la descarga de desechos de la minería y la llevan hasta el Velille.

La comuna de Chamaca calcula que son más de 150 hectáreas de tierras removidas con maquinaria pesada como cargadores frontales, orugas y excavadoras, así como otros equipos que usan los mineros ilegales. “Están atentando contra el medio ambiente”, denunció Huamán.

En la región Cusco, la minería ilegal está concentrada en las provincias de Quispicanchi y Chumbivilcas, pero las entidades estatales carecen de información específica sobre cuántos mineros ilegales hay y cómo operan.

En cambio, sí hay datos acerca de la actividad informal. La Dirección Regional de Energía y Minas registra 2.288 mineros informales en todo el departamento. La provincia de Quispicanchis tiene casi mil identificados, Chumbivilcas con 500, Paucartambo con 354 y La Convención con 177.

Las autoridades coordinaron con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) para solicitar a las autoridades del Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente que inicien acciones de interdicción en las zonas donde hay presencia de minería ilegal.