Invasores y huaqueros afectaron sitios arqueológicos durante estado de emergencia

Coronavirus en Perú. En lo que va del estado de emergencia, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) atendió un total de doce afectaciones a sitios arqueológicos, debido a la intervención de huaqueros o invasores que pretendían apropiarse del terreno.

El director de la DDC, Alfredo Narváez Vargas, informó que se ha logrado retirar a invasores en Huaca El Pueblo de Úcupe, Saltur y en El Chorro, en el marco del Decreto Legislativo n.° 1467 que establece medidas especiales para preservar el patrimonio.

En cada uno de estos casos la participación de la Policía Nacional, los propios museos y la población permitió que no se registren mayores daños arqueológicos.

Según información proporcionada por la DDC, la mayoría de los complejos fueron afectados por excavaciones clandestinas, invasores de tierras, construcciones precarias y zonas de sembríos. Por ejemplo, en el complejo Úcupe (distrito de Lagunas) se detectaron todas estas condiciones, por lo que la DDC coordinó con el Museo Tumbas Reales y la Policía para recuperar dicho espacio.

En el complejo arqueológico Sipán (distrito de Zaña), los arqueólogos encontraron campos de cultivo, mientras que en el sitio Caballo Blanco (distrito de Pucalá) advirtieron la presencia de pozos de huaqueo. En ambos casos procedieron a proteger el área. Esta misma situación se repitió en Boró 03 o huaca Conchas (distrito de Pomalca) y Corvacho.

Finalmente, el complejo El Chorro fue afectado en mayo de este año por la presencia de invasores que pretendían apoderarse de las tierras; sin embargo, la oportuna intervención de las autoridades permitió desalojarlos. Además, se han atendido afectaciones en Pampagrande, Caballo Blanco, huaca Santa Rosa, Cerro Reque, Saltur y Huaca Túpac Amaru – Sector B.

En su momento, Alfredo Narváez indicó que si se comprueba alguna afectación al patrimonio cultural se iniciarían acciones legales contra las personas que resulten responsables.

El director de Cultura exhortó a la ciudadanía, gobiernos locales, municipios, tenientes gobernadores y subprefectos, a proteger los sitios arqueológicos , los cuales podrían ser afectados por individuos que invaden, destruyen y fomentan acciones en contra de nuestra riqueza cultural.