Arequipa: Detienen a servidores judiciales por presunto cobro indebido de reparaciones civiles

En una intervención inopinada, la Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron la mañana de este viernes cinco personas, entre ellas servidores judiciales de la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y del Módulo de Justicia de Paucarpata. Presuntamente realizaron cobros indebidos de depósitos judiciales por reparación civil.

El trabajo de inteligencia y seguimiento inició hace dos meses por parte de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), que puso la denuncia.

Los intervenidos formarían parte de la organización criminal denominada “Los Angurrientos Del Endoso” y se les investiga por los presuntos los delitos de administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación a favor de tercero y contra el patrimonio, en la modalidad de fraude informático agravado.

Los detenidos preliminarmente fueron identificados como Roberto Víctor Salas Vilca (51), José Luis Portocarrero Bustamante (41), Jefferson Dalhit Rodriguez Lavado (38), Karem Marella Ranilla Calizaya (29) Y Yudi Tania Ccallo Mallqui (37) . En tanto, uno de los servidores judiciales fue puesto en libertad, al no encontrarsele documentos que la vinculen con el caso.

“Hemos verificado los sistemas informáticos y la modalidad empleada por estos servidores habría sido la de incursionar en el sistema, determinar algunas fallas que pueda tener el mismo y provocar que cupones que estaban depositados para terceras personas, han visto la forma de hacerlos cobrar”, detalló el encargado de la Odecma, Jhonny Cáceres, quien precisó que este delito se habría cometido durante los años 2018 y 2019.

En total son 116 depósitos judiciales detectados que debieron entregarse a los agraviados por concepto de reparación civil, pero los detenidos habrían endosado los cupones de manera irregular a nombre de terceras personas ajenas al proceso. Cada indemnización desviada oscilaba entre los 100 hasta 800 soles. El perjuicio es de alrededor de 80 mil soles.

Asimismo, Cáceres informó que existe una vinculación con un procurador público, que habría coordinado con uno de los asistentes para efectuar los retiros irregulares. Este tema aún es materia de investigación.

A los intervenidos también se les abrió procesos disciplinarios y se dispuso que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) aplique la suspensión preventiva de los servidores.