Shipibos vuelven a Cantagallo por retrasos en obras

Por: Milagros Berríos

Casi tres años después de que un incendio dejara sin hogar a sus 238 familias, la comunidad shipibo-konibo decidió retornar a la zona de Cantagallo, en el Rímac, para denunciar que el proyecto de un nuevo complejo habitacional en ese sector ha sufrido otro revés y su ejecución está en serio riesgo.

Durante la madrugada de ayer, las familias de esta comunidad –la primera nativa urbana del Perú– levantaron carpas y esteras en la zona que habían abandonado hace dos años a pedido del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En ese terreno, donde se debían ejecutar las obras prometidas desde la gestión presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, no hubo más avances que el retiro de escombros.

No obstante, lo que terminó por provocar el malestar en la comunidad fue el anuncio hecho por el sector Vivienda el último 20 de setiembre. Ese día se les informó que una serie de estudios habían determinado que el suelo no era apto para el desarrollo de viviendas y presentaba altas concentraciones de plomo y arsénico (metales contaminantes). Además, otro informe del municipio de Lima había identificado la zona como de “peligro muy alto, vulnerabilidad alta y riesgo muy alto”, lo cual imposibilitaba el trabajo de Cofopri para entregar títulos.

“El proyecto se ha postergado cuatro veces desde el 2017 y en estos tres años solo se ha retirado desmonte. Nuestro equipo técnico dice que sí es posible habilitar el terreno, pero se requiere dinero. Vivienda dice que no va porque la inversión es elevada. No quieren gastar para estos ‘nativos’, nos ven como aprovechadores, pero sí aportamos al país. No hay voluntad política”, dice Vladimir Inuma, vocero de la Asociación Comunidad Shipibo-Konibo Cantagallo, quien exige una propuesta concreta del Gobierno para llevar adelante este proyecto que incluía casas, pistas, áreas verdes y una escuela intercultural.

Esta iniciativa ha pasado por dos gestiones presidenciales (PPK y Vizcarra) y dos municipales (Castañeda y Muñoz). Y el ministerio de Vivienda, que asumió la obra ante la inactividad de la comuna limeña, se había comprometido a iniciar sus labores en julio del 2017, marzo del 2018, abril del 2019 y enero del 2020.

Una opción en El Agustino

El Ministerio de Vivienda asegura que no se abandonará el proyecto y que hay dos formas de ejecutarlo: modificar la propuesta actual en Cantagallo o reubicarla. Sobre esto último, el viceministro David Ramos informó a La República que hay cuatro opciones, siendo la más cercana una en El Agustino. “Hasta ahora, los informes dicen que tenemos que reubicar, pero vamos a analizar todas las alternativas, lo cual incluye reconsiderar si son mitigables o no los riesgos en el terreno (de Cantagallo)”, señaló la autoridad, que ayer acudió a la zona.

Esta discusión se llevará a cabo hoy en el Ministerio de Vivienda. Acudirán representantes de la comunidad, Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la cual ha concluido que “los impactos de este desplazamiento forzado han sido superiores al del incendio”.

Urge atención en educación y vida comunal

El jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Jorge Abrego, quien también visitó Cantagallo, exhortó a que no haya más retrasos en el proyecto y se acompañe a las familias ante los impactos colaterales de los incumplimientos en las obras como lo son la falta de educación intercultural para los niños (en Cantagallo había una escuela bilingüe), la falta de trabajo (para los artesanos) y la imposibilidad de vivir en comunidad.

A fin de año vence el subsidio que la MML otorga para el alquiler de viviendas temporales.