La falta de saneamiento físico legal para la disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto regional del Terminal Marítimo de Puerto Eten y el uso de más de cinco millones de soles, son las causas que fundamentó el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, ante la Contraloría General de la República, a la que solicitó intervenir en la Autoridad Portuaria Regional (APR) en salvaguarda de los intereses del Estado.
En ese contexto señaló a La República que el ente de control debe valorar la documentación que remitió con Oficio n.º 374 al gerente regional de Control, Walther Coello Ynope, a fin de emitir los resultados a corto tiempo. “Yo deslindo responsabilidades sobre estos hechos. Urge que la Contraloría se pronuncie no solo por la Autoridad Portuaria, sino también por las exautoridades y exfuncionarios del gobierno regional”, enfatizó.
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Lozano explicó que se incumplió con el reglamento del Decreto Legislativo n.º 1362, que regula la promoción de la inversión privada y establece que la entidad pública titular del proyecto debe iniciar de manera temprana el proceso de saneamiento y expropiación de los predios, áreas necesarias y de predios para la ejecución del proyecto, así como la liberación de interferencias, bajo responsabilidad.
Líneas seguidas indicó que con Oficio n.º 900 del 6 de agosto de 2018, el entonces comandante del Grupo Aéreo n.º 6, coronel FAP Javier Tryon Carbone solicitó la materialización y financiamiento del proyecto para la renovación del parque automotor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con un costo de 45 millones 998 mil soles y en contraprestación se transferiría al GRL 5,313.03 hectáreas para el terminal portuario.
Aunque ello no se concretó, afirmó Lozano, pues —incluso precisó— en los convenios firmados entre el gobernador Humberto Acuña Peralta y el comandante general del Ala Aérea n.º 1, mayor general FAP Moisés Barack Castro, no se menciona la inversión.
Asimismo anotó que la Municipalidad Distrital de Puerto Eten concesionó a la empresa Inversiones Stop 1,368 hectáreas; mientras el GRL solo tiene inscritas 763 hectáreas. “El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la demanda de Inversiones Stop, pero aún no resuelve”, remarcó y anotó que el ciudadano Juan Galo Muñoz Lizarzaburu, quien afirma ser criador de pollos, asegura ser el propietario de 77 hectáreas.
Respecto a los gastos de la Autoridad Portuaria Regional (APR), afirmó que desde el 2013 a la fecha ha invertido en el proyecto cinco millones de soles.
“¿Cómo es posible que se promocione un proyecto sin saneamiento físico legal. Es por eso que la Contraloría debe pronunciarse”, subrayó.
Respecto al requerimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de excluir al proyecto del Terminal Marítimo de Puerto Eten del Informe Multianual de Inversiones de Asociaciones Públicas Privadas (Imiapp) del gobierno regional, a fin de que el Ejecutivo inicie la inversión privada, Lozano Centurión afirmó que el tema será considerado en la agenda del Consejo Regional para que se tome la decisión. “El Consejo Regional dio luz verde al proyecto en el marco de las inversiones del GRL, ahora deberá excluirlo del Imiapp”, subrayó.
Es por eso que indicó que para el presupuesto del 2020 no se asignarán recursos para el funcionamiento de la Autoridad Portuaria Regional.