Diez de los convenios vigentes se firmaron en el corredor minero, zona de conflicto por proyecto Las Bambas. Demanda se interpuso ante el Tribunal Constitucional,El Colegio de Abogados de San Martín, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Earthrights International, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que permiten los convenios entre las empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata del Decreto Legislativo N° 1267 o Ley de la Policía Nacional, cuya sexta disposición señala que la institución policial puede brindar servicios de seguridad extraordinarios a las empresas extractivas a cambio de una remuneración económica. PUEDES VER Iván Lanegra: “El Estado debe fijar condiciones básicas de convivencia y acompañar a las comunidades” Según el abogado Juan Carlos Ruiz, del IDL, “este tipo de contratos vulneran el derecho de la población a la seguridad ciudadana, violan los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”. El Gobierno argumenta que los convenios son necesarios para garantizar el orden público. Pero los efectivos policiales brindan un servicio privado con el uniforme y el armamento brindado por la PNP. “Esto confunde a los comuneros que piensan que los policías están a favor de la empresa y no de los pobladores. Hay una discriminación indirecta porque se transgreden los derechos de los pueblos indígenas”, manifiesta Álvaro Másquez, también especialista del IDL. PUEDES VER Anuncian construcción de moderna Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú En el país se han suscrito 138 convenios de esta naturaleza, de los cuales 29 están aún vigentes. De este último grupo, 10 se firmaron en el corredor minero, zona de conflicto entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) contra el proyecto minero Las Bambas, de la empresa china MMG. La demanda fue presentada en contra del presidente Martín Vizcarra, del primer ministro Del Solar, del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y de algunos mandos policiales.
