Más de S/ 100 millones. En 2010 se modificó el régimen tarifario mediante adendas “sin sustento”. Esto generó mayores ingresos para operadores que alistan nuevo aumento.,El incremento en la tarifa del Metropolitano, anunciado esta semana por sus operadores, ha puesto bajo la lupa la situación de este colapsado sistema de transporte. En medio de esta controversia han surgido acusaciones mutuas de incumplimientos contractuales, algunas de ellas ya documentadas por la Contraloría General (CGR). En diciembre de 2017, el ente de control emitió un informe de auditoría en el que, además de confirmar las faltas de la Municipalidad de Lima, daba cuenta de ciertas modificaciones contractuales que, en último término, se aprobaron para favorecer a los operadores. PUEDES VER: Pasaje de Metropolitano se elevará desde este 1 de noviembre A la letra, la CGR señala que, en julio y setiembre de 2010, cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde de la ciudad, Protransporte suscribió adendas “que no contaron con el sustento técnico, económico y legal para su aprobación”. Mediante estos acuerdos, reseña la Contraloría, se modificó el “régimen tarifario” contemplado en el contrato original, de tal forma que se generaron mayores ingresos para las empresas. En el régimen original, para calcular la tarifa se tenían en cuenta varios indicadores, entre ellos el “pasaje equivalente al usuario (PEU)”, expresado en “soles por pasajero”; y el “pasaje técnico ajustado (PTA)”, que es el “precio tope” de la tarifa. En el contrato se establecía que si el PEU era mayor al PTA, los operadores debían devolver ese “exceso cobrado” y sumarle una penalidad del 10% de ese monto. Las adendas cuestionadas por la Contraloría eliminaron esa obligación. La auditoría comprobó que en 2013, 2014 y 2015 los operadores del Metropolitano cobraron en exceso, por lo que, incluida la penalidad, debieron devolver S/ 124 millones 220 mil, dinero que debía ser depositado en la Reserva de Infraestructura y Contingencias. Esto no ha ocurrido, según la CGR. A pesar de estos beneficios irregulares, los operadores han anunciado que desde el 1 de noviembre aumentarán su tarifa de S/ 2.50 a S/ 2.85. Su principal argumento es que la Municipalidad de Lima no cumplió con ampliar la ruta troncal hasta Carabayllo y que han aumentado sus costos de operación. En su auditoría, la Contraloría detectó que el origen de este problema también se remonta hasta el 2008. El 22 de setiembre de ese año, Protransporte tenía un presupuesto de S/ 70.3 millones para iniciar las obras, pero la entidad reasignó el dinero a otros tramos. A la larga, esta decisión le ha generado a la Municipalidad de Lima un perjuicio económico por S/ 122 millones, además de la obligación de pagar compensaciones por US$ 750.336. En 2015, el Poder Ejecutivo anunció que financiaría la ampliación del Metropolitano, pero Lima asegura que no recibió el presupuesto. Supervisión no es diligente - Los contratos de concesión del Metropolitano son supervisados por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). En 2017, la Contraloría alertó que las empresas Lima Bus Internacional, PGN Gasnorte y PGN Gasur no cumplieron con renovar sus “cartas de fiel cumplimiento”. - La CGR alertó que Invermet no aplicó las penalidades, “lo que pone de manifiesto la falta de diligencia de los responsables de la supervisión de los contratos”.
