Tres años de la nueva ley. PUCP, Ricardo Palma y Agraria, entre otras, han cumplido con asegurar las condiciones básicas en infraestructura, docentes y equipos. A la mayoría le falta un mayor presupuesto.,No más retrocesos. El pasado domingo 9 de julio, la Ley Universitaria cumplió tres años desde que fue promulgada por el Poder Ejecutivo y en todo este tiempo, pese a algunas amenazas, se han registrado varias reformas significativas. Por ejemplo, se cerró la controvertida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), empezó a funcionar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y se ejecutó el cambio de rectores y vicerrectores en 30 universidades públicas con autorización definitiva (solo falta la San Luis Gonzaga de Ica), por medio de elecciones con la participación de estudiantes y profesores. Sin embargo, el paso más importante que la Sunedu ha ejecutado, para acabar con la estafa en contra de los estudiantes, es el proceso de licenciamiento institucional, con el cual las 142 universidades públicas y privadas del país deben demostrar que cumplen con las condiciones básicas para funcionar, ya sea en infraestructura, equipamiento, docentes y planes de estudio. PUEDES VER ¿Qué sucede con quienes estudian carreras no autorizadas por Sunedu? Pero ¿qué tanto se ha avanzado con el licenciamiento? Según cifras de la Sunedu, de las 142 universidades, solo 11 privadas y 2 públicas han logrado obtener su nueva autorización de funcionamiento, luego de revisiones documentarias e inspecciones técnicas. Estas son la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); la de Ingeniería y Tecnología (UTEC); la de Lima; la del Pacífico; la Cayetano Heredia; la Universidad para el Desarrollo Andino; la de Ciencias y Artes de América Latina; la Femenina del Sagrado Corazón (Unifé); la Ricardo Palma; la de Piura y la Antonio Ruiz de Montoya, así como la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Autónoma de Huanta. En tanto, otras 95 se han presentado al proceso de licenciamiento, entre las que destacan la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la San Marcos, la San Antonio de Abad del Cusco y la San Cristóbal de Huamanga. Todas son públicas y tienen un mismo problema para cumplir las exigencias: falta de dinero, según el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva, quien es rector de la UNI. “En el caso de la UNI, en el 2016 el Estado entregó S/ 130 millones, pero se necesitan S/ 260 millones, por lo que tuvimos que obtener recursos directamente recaudados, como venta de prospectos de admisión y consultorías”, dijo. Se debe indicar que, según la Sunedu, las universidades públicas alcanzan al año un déficit de S/ 317 millones en infraestructura y S/ 15 millones en mantenimiento. Debido a ello, la mayoría repite constantemente observaciones en infraestructura, servicios complementarios e investigación. Hablan las privadas El presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Iván Rodríguez, indica que el proceso de licenciamiento debió empezar con las universidades denominadas “chicha” y no con las públicas y privadas ya constituidas. El también rector de la Universidad Ricardo Palma asevera que la Ley Universitaria es coactiva para las universidades privadas, ya que en un corto plazo y con diversas barreras se les exige tener una mejor infraestructura y equipos. “Todo esto es inversión”. Al respecto, para el impulsor de la Ley Universitaria, el excongresista Daniel Mora, el licenciamiento demuestra el estado de orfandad en que están las universidades. “Si la PUCP demoró dos años para licenciarse, imagínese cuánto tardarán aquellas denominadas ‘chicha’”. Buena pregunta.
