El Poder Judicial ordenó incautar las cuentas bancarias del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su madre, Bertha Rojas. El monto confiscado asciende a S/ 3 millones 22 mil. Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, sostuvo que el juez Jorge Chávez Tamariz ha evaluado los medios de convicción y llegado a la conclusión de que existen elementos razonables de la presunta comisión del delito de lavado de activos.
El exfuncionario indicó que el caso de Los Dinámicos del Centro también salpica a Pedro Castillo. De acuerdo a la hipótesis fiscal, este dinero habría sido utilizado para la campaña política de Perú Libre; tanto de manera provincial, regional y presidencial.
“Si esta investigación avanza, es probable que la fiscal de la Nación también pueda comprender al presidente de la República. No sería raro que sea citado como testigo”, adelantó.
En otro momento de la entrevista realizada por Anuska Buenaluque, el ex procurador anticorrupción refirió al informe realizado por Wilson Soto, recibido este lunes 8 de agosto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República. La investigación recomienda inhabilitar por cinco años al presidente por el presunto delito de traición a la patria.
Luis Vargas Valdivia precisó que habría un error legal en la formulación de la acusación. En ese sentido, indicó que la imputación de traición a la patria está basada en declaraciones del mandatario en las que explica que convocaría a un referéndum para decidir si el Perú brindaría salida al mar a Bolivia.
“Eso no necesariamente implica la comisión del delito de traición a la patria. Es una declaración del presidente (...) Parece que este no es el mejor camino para la vacancia”, aclaró.
De ser aprobado por la SAC, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso, Pedro Castillo podría iniciar una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional y, de no tener un resultado favorable, el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si estas instituciones no encuentran el requisito para imponer la sanción por infracción a la Constitución, se podría dar la nulidad del procedimiento.
“Esto permitiría al presidente mostrarse como una víctima. Estas acciones son las que victimizan al jefe de Estado. Él se presenta entonces como víctima de una persecución”, advirtió.
Desde el punto de vista legal, Vargas Valdivia consideró que la situación más complicada a la que se enfrenta Pedro Castillo es respecto a las investigaciones de la Fiscalía de la Nación.
Para el especialista, el Congreso debería centrarse en estos temas para buscar la vacancia o suspensión temporal de Castillo Terrones. Agregó que, si la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, concluye que el mandatario debe ser sometido a un proceso penal, esta deberá pedir al Parlamento que actúe bajo sus funciones.
“El presidente lo único que dice es que no tiene nada que ver, que es inocente, pero frente a todas estas evidencias va a llegar el momento en que la Fiscalía de la Nación va a tener que decidir si hay o no elementos para abrir un proceso penal y, en ese caso, el Congreso de la República deberá tomar la decisión de ir por la vacancia o la suspensión”, explicó.