A través del abogado Rommel Macedo, el congresista José de "Podemos Perú, José Luna Gálvez solicitó al Poder Judicial que ordene el archivo de la investigación en su contra por organización criminal, al amparo de la ley 32108 aprobada por el Congreso.
La solicitud fue realizada ante el juez Jorge Chávez Tamariz, magistrado que en dos oportunidades anteriores ha utilizado la legislación de Estados Unidos y la Convención de Palermo para interpretar dicha reforma penal, a favor del Ministerio Público.
Para el juez Chávez Tamariz, la Ley 32108 tiene una definición ambigua y sin desarrollo técnico del concepto “control de la cadena de valor de un mercado ilegal”, un requisito que no existe en ninguna otra legislación penal, lo que obliga a realizar una interpretación del lado de la Constitución, los convenios y la jurisprudencia internacional para poder cumplir.
El abogado Rommel Macedo explicó nueva teoría para cumplir con la ley 32108
Sin embargo, el abogado Rommel Macedo plantea una posición distinta y novedosa, a estas alturas del debate que genera la Ley 32,108 sobre los elementos que deben tenerse en cuenta para considerar la existencia de una organización criminal y del delito de crimen organizado.
A diferencia del juez, Macedo considera que dentro de la legislación y la jurisprudencia peruana si existen antecedentes legales que permiten interpretar los conceptos y aplicar dicha reforma penal, respecto de lo que significa “cadena de valor” y “control de la cadena de valor en un mercado ilegal”.
Para el abogado de Luna Gálvez dichos conceptos se han desarrollado en las investigaciones, procesos judiciales y en documentos trabajados por el Ministerio del Interior sobre la "cadena de valor" de la minería ilegal y el "control de la cadena de valor" en el mercado ilegal de dicha actividad minera.
La defensa de Luna Gálvez señala que buscar el poder político no es un fin económico
En este contexto, Rommel Macedo explicó que los cargos que la fiscalía le atribuye a Luna Gálvez de haber instrumentalizado a la universidad Telesup para corromper a los consejeros del CNM para infiltrar la ONPE con el objetivo de lograr el registro del partido político “Podemos Perú” para tener poder político, no son típicos de la descripción del delito que señala la Ley 32108.
Agregó que la mencionada ley del Congreso señala que la organización criminal debe tener un beneficio económico u otro de carácter material, en tanto que, desde el 2020, la fiscalía señala que Luna Gálvez y los demás acusados habrían buscado poder, es decir, un beneficio político, lo que no es un beneficio económico directo.
Para el abogado en los delitos de corrupción de funcionarios no se puede hablar de una organización criminal, pues de acuerdo con los fines del Estado la función pública no busca un fin lucrativo, sino la satisfacción de las necesidades de la población.
Añadió que solo podría hablarse de beneficios económicos si se establece que la organización criminal oferta y demanda proyectos de inversión del Estado, dónde si hay un fin lucrativo.
El juez Jorge Chávez Tamariz ha señalado que la Ley 32108 solo puede aplicarse con una debida interpretación jurisprudencial
En el caso Luna Gálvez, subrayó, le atribuyen delitos de cohecho y falsificación de documentos, como medios para lograr la inscripción de "Podemos Perú" en el registro de partidos políticos.
Argumentó que la fiscalía habla de supuestos beneficios económicos que tendría la organización criminal al tener poder, pero eso sería una expectativa, un sueño, una posibilidad, no un hecho concreto.
Además, Macedo señaló que la administración pública ya está protegida jurídicamente por los delitos de corrupción de funcionarios, por lo que no se puede hablar del delito de crimen organizado para proteger los bienes del Estado.
Para el abogado de Luna Gálvez archivar la investigación por crimen organizado no generará impunidad, pues todos los implicados deberán responder por los delitos contra la administración pública que les atribuye el Estado.
La fiscal Sara Francia insiste en que Luna Gálvez integra una organización criminal
La fiscalía y la procuraduría de lavado de activos refutaron la posición del abogado insistiendo que en el caso Luna Gálvez se dan los elementos de la antigua y nueva ley de crimen organizado. Luego, de escuchar los argumentos de cada parte, el juez anunció que resolverá la solicitud en los siguientes días.
A fines de agosto, la fiscal provincial Sara del Carmen Francia Cabrera adecuó la investigación al congresista José Luna Gálvez, a la nueva ley 32108 de crimen organizado. Para la fiscalía, en este caso se cumplen los seis elementos del crimen organizado, incluyendo los dos de la nueva ley: mayor capacidad operativa y control del valor de un mercado ilegal”.