Fiscal Jorge Zavaleta confirma investigación a periodistas y desmiente a su jefa Magaly Quiroz

La fiscal superior coordinadora Magaly Quiroz señaló que la carpeta fiscal 87-2023 no estaba dirigida contra los periodistas y que no es cierto que se haya dispuesto el seguimiento contra un periodista, pero el fiscal provincial Jorge Zavaleta Torres, de su propio equipo, ha terminado por desmentirla.

El 22 de enero último, vía correo electrónico, el fiscal Zavaleta nos ha notificado la providencia N° 7, en la que informa que él ha asumido la investigación. Es evidente y claro que nos notifica porque somos investigados. De otro manera, no tendría que notificarnos nada.

La notificación llega con nombre completo. “Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a su vez, por disposición del Dr. Jorge Luis Zavaleta Torres, fiscal provincial del Tercer Despacho Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, avocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se le notifica la providencia N° 7, de fecha 18 de enero de 2024”, indica la cédula de notificación dirigida a César Romero.

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Además, con esta acción, el nuevo fiscal muestra que su antecesor, el fiscal Cristhian Alfaro actuó correctamente al notificarnos. Lamentablemente, el 10 de enero de 2024, Alfaro fue removido del equipo especial y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, lo degradó por informar a los periodistas de la investigación secreta.

Destruir pruebas

La notificación del 22 de enero del fiscal Zavaleta guarda relación con lo revelado por Álvaro Reyes en el diario Perú 21, el 2 de febrero último.  “Este diario (Perú 21) accedió a dos oficios que registran la misma numeración y fecha de emisión (26 de enero de 2024), así como también la misma hora de recepción (5:00 p.m.), que demuestra una manipulación de documentos oficiales para acomodar la historia a la versión que Quiroz ha divulgado en entrevistas”, escribió Reyes.

Efectivamente, a partir de la notificación, el fiscal Zavaleta Torres confirma a la fiscal superior Julianna Chávez que se inició una investigación a Juan Carlos Tafur y César Romero y que se dispuso que la autoridad competente, la Policía, realice actos de seguimiento y videovigilancia en lugares públicos; pero momentos después emitió un segundo oficio para acomodar los hechos a la versión de Quiroz.

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En este segundo oficio se dice que en la carpeta no existen informes de la Policía sobre el seguimiento. Era la única forma en que su respuesta coincida con lo dicho por Quiroz. 

Lo grave vino después. Se habría ordenado destruir y borrar toda huella del primer oficio. De esto habría quedado evidencias en video y audio.

Apelaciones

La fiscal Magaly Quiroz también ha dicho que la investigación a los periodistas se sustenta en la una resolución de la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones, presidida por la jueza superior Sonia Torre Muñoz.

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Eso es totalmente falso e imposible. La investigación secreta a los periodistas se inició el 5 de abril de 2023 y la Sala emitió su resolución siete meses después, el 2 de noviembre de 2023.

Un juez había descartado interferencia

El 21 de junio de 2023, el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, al rechazar el pedido de prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva, consideró imposible que un artículo periodístico pueda interferir en una investigación.

La decisión del juez fue evaluada en una audiencia pública realizada por la Quinta Sala de Apelaciones, el 12 de septiembre. En esa audiencia no se discutió la supuesta interferencia de los periodistas y medios de comunicación. A pesar de lo cual, el tribunal de apelaciones lo menciona ampliamente en la resolución que emitió el 2 de noviembre de 2023. En la resolución se incluye un número de teléfono fantasma.

La notificación

Al notificarnos del avance del proceso, el fiscal Jorge Zavaleta confirma que somos investigados.