ONU: Investigación a la JNJ afecta independencia judicial

El golpe que pretende dar el Congreso contra el sistema judicial y otras instituciones está en la mira de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el riesgo que esto representa para la democracia en nuestro país.

Ayer, durante su discurso de inauguración de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció sobre la investigación que realizará el Legislativo contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el objetivo de removerlos.

Alertó sobre el impacto que tendrá ese proceso sobre la independencia judicial y la separación de poderes. “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, manifestó.

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Su pronunciamiento no cayó bien en los Pasos Perdidos del Parlamento. Horas después, en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, instaron al Gobierno de Dina Boluarte a que retiren al representante de la ONU en nuestro país por intromisión en asuntos internos.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulic, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país”, tuiteó Aguinaga. 

Recordemos que en el 2018 la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, expulsó a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Fuerza Popular propone un escenario similar.

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Esto ocurre a pocos días del viaje de la mandataria a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y un día antes de la visita a nuestro país del exsenador y asesor del presidente norteamericano Joe Biden, Christopher Dodd, para reunirse con funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo.

Contrarreformas

Los aliados del fujimorismo tampoco tomaron bien que el alto comisionado de derechos humanos se pronuncie contra la investigación acelerada contra los miembros de la JNJ. Un factor de esta reacción autoritaria del Legislativo, es que el comisionado Türk haya señalado ante el Consejo de Derechos Humanos que en el Congreso hay 13 proyectos de ley y cinco denuncias constitucionales que interfieren contra entidades autónomas.

De ese número de iniciativas de ley, 11 son para someter al sistema electoral, promovidas por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular (AP). La mayoría son para someter a antejuicio y juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

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Otras dos son de Patricia Chirinos, de Avanza País, y Wilson Soto, de AP, con el objetivo de cesar a la magistrada Inés Tello de la JNJ.

Sobre las denuncias constitucionales, hay tres de Patricia Chirinos y una de Jorge Montoya contra los miembros de la Junta. Y otra de Rosselli Amuruz contra el presidente del JNE.

Es decir, el comisionado Türk dijo la verdad.

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Lo que viene

En medio de la respuesta hostil del Congreso a la comunidad internacional, la Comisión de Justicia agendó para hoy el inicio del proceso de remoción de las autoridades de la JNJ.

A las 5 de la tarde, la presidenta de esta comisión, Janet Rivas, de Perú Libre, dará cuenta de la moción que pide investigar esta institución y presentará su plan de trabajo. La indagación durará 14 días hábiles.

El informe final depende del equipo técnico de Rivas. Luego de aprobarse en la Comisión de Justicia, pasará a deliberarse en el Pleno. En ese escenario, el futuro de cada integrante de la JNJ depende de que el fujimorismo y sus aliados consigan los 87 votos a favor para destituirlos.

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CCL: Mantener el equilibrio de poderes

La intentona golpista del fujicerronismo y sus aliados no es avalada tampoco por los empresarios. “Es preocupante la investigación que viene haciendo el Congreso a la JNJ. En esta instancia, los legisladores deben apelar a la racionalidad para mantener el equilibrio de poderes”, manifestó en RPP Rosa Bueno de Lercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.