Ministerio Público presenta demanda contra la Junta Nacional de Justicia

El Ministerio Público ha iniciado un proceso de demanda de proceso competencial contra la Junta Nacional de Justicia. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, como máxima representante del órgano acusatorio, dirigió la misiva ante el Tribunal Constitucional por un supuesto conflicto de competencias suscitadas en el nombramiento de fiscales provisionales, funcionarios y servidores.

La Fiscalía acusa una “clara y flagrante” vulneración a la atribución fiscal de designar a funcionarios y servidores mediante procedimientos internos.
En esta línea, también se acusa al ex Consejo Nacional de la Magistratura de una supuesta desnaturalización del procedimiento administrativo disciplinario.

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“(Se ha) trocado un instrumento de indebido “control político” y de mediatización de las facultades de la fiscal de la Nación”, dice el documento al que tuvo acceso La República.

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Precisión constitucional

Sin embargo, el artículo 154 de la Constitución Política del Perú versa en su primer versículo que es función de la JNJ “nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles”.

El abogado constitucionalista Adrián Bazo Cannock cuestionó el sentido de la demanda competencial.

“No tiene lógica la demanda en el sentido de que debería ser siempre la JNJ la que escoja a todos los que persiguen el delito; es decir, a todos los jueces y fiscales de todos los niveles”.

“Hay una lógica de independencia que es garantizada a través de la elección de los fiscales y jueces a través de un concurso público a través de un organismo constitucionalmente autónomo, como lo es la JNJ”.

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Por otro lado, el constitucionalista Diego Pomareda afirmó que este proceso es inédito ya que nunca ha habido una demanda competencial contra la JNJ en toda su historia constitucional. “Están muy claras sus funciones en nuestro diseño constitucional”, precisó.

Actualmente, la JNJ tiene varios procedimientos en curso contra Patricia Benavides. Uno de ellos está vinculado con presuntas irregularidades en cambios en el equipo especial de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Debate

Pendiente. El abogado constitucionalista Diego Pomareda precisó que el verdadero debate que deberá dirimir el TC está en el poder de cuestionamiento de la JNJ hacia las decisiones administrativas de la Fiscalía. “Sí puede, siempre y cuando justifique el riesgo a la independencia”.