Fiscalía de la Nación pide "mayor debate" para proclamación de la ley sobre colaboración eficaz

Continúan los cuestionamientos a la ley de colaboración eficaz aprobada por el Congreso hace casi un mes. Esta vez, la misma Fiscalía de la Nación emitió un pronunciamiento al respecto, aseverando que, luego de haberse realizado la reunión entre Patricia Benavides y los fiscales superiores coordinadores, se llegó a la conclusión de que hacía falta un "mayor análisis y debate" respecto a la ley que, de ser promulgada, pone en peligro el ejercicio de la labor fiscal y el desarrollo de las investigaciones no solo en casos de corrupción, sino a nivel de todo el sistema persecutor de justicia.

En el documento, se insiste en que la herramienta de la colaboración eficaz es reconocida "por su valor estratégico", además de ser un "proceso especial de colaboración eficaz para la determinación de las responsabilidades penales". Asimismo, insiste en que el Ministerio Público "plantea la necesidad de un mayor análisis y debate del proyecto de ley aprobado por el Congreso".

Pero este pronunciamiento no solo pide una mayor comprensión para la importancia de este recurso, sino que postula una serie de recomendaciones que podrían ser implementadas. Entre ellas, está que "el plazo máximo que la fase de corroboración sea de 36 meses", a excepción de casos de alta complejidad; que la declaración del colaborador eficaz no requiera "un registro en medios audiovisuales"; y que se elimine la figura del "aspirante", a fin de "dotar de eficacia al proceso especial" en debate.

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Fiscalía reacciona casi un mes después de haberse aprobado la norma

Estas peticiones serán enviadas al Ejecutivo recién este 14 de julio, pese a que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha afirmado que el informe sobre esta ley ya ha sido culminado y el único paso faltante es el de entrega del documento a la presidenta Dina Boluarte.

El pronunciamiento del Ministerio Público llega después de casi un mes de haber sido aprobada esta norma en el Legislativo, la cual ha sido advertida como un atropello al desarrollo de las investigaciones de varios casos en los que actuales congresistas de este periodo parlamentario se encuentran incluidos.

Se espera que este pedido, enviado a Presidencia, se sume a los informes técnicos que instituciones como la Procuraduría General ya han elaborado y hecho llegar al Ministerio de Justicia apenas fue aprobado este dictamen.