Poder Judicial ordena la captura de Betssy Chávez por el golpe de Estado de Pedro Castillo

El juez César San Martín declaró fundada la apelación de la Fiscalía en la que solicita que se deje sin efecto la orden de comparecencia con restricciones impuesta contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino por su presunta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 que dio Pedro Castillo.

De acuerdo a la resolución del titular de la Corte Suprema de Justicia, la medida solo recae en Chávez Chino, puesto que, para Roberto Sánchez y Willy Huerta, la iniciativa de la Fiscalía se volvió a declarar infundada.

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El Ministerio Público solicitaba que se sometan a una prisión preventiva de 18 meses, pedido inicial que fue rechazado en una primera oportunidad a fines de abril del 2023 por el juez Juan Carlos Checkley Soria. En aquella ocasión, se les impuso una comparecencia con restricciones mientras son investigados por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

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Betssy Chávez suspendida como congresista

La exministra Betssy Chávez quedó suspendida —tras una votación en el Pleno— en sus labores como parlamentaria. Al no existir una sentencia que cancele su mandato como legisladora, el Congreso de la República se ve obligado a seguir depositándole su remuneración en una cuenta del Banco de la Nación, a la cual podrá acceder de ser absuelta. En el caso contrario, el dinero regresará al Poder Legislativo.

Una fuente experta en temas parlamentarios comentó a La República que así lo establece el reglamento del Parlamento: “Como está suspendida y no hay sentencia que cancele su mandato, los emolumentos son depositados en una cuenta. Si es absuelta, se le entrega el íntegro tras el conocimiento de la sentencia. Si es condenada, el monto revierte al presupuesto del Congreso”.

Como antecedente, en marzo de 2023, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams, autorizó el pago de los sueldos que se le retuvo a la excongresista aprista Tula Benites luego de que fuera suspendida en 2008 al aprobarse la acusación constitucional por los presuntos delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. Se le privó de sus derechos parlamentarios por la contratación fantasma del auxiliar de su despacho Juan Carlos Cuadros Noriega. Tras ser absuelta por el Poder Judicial, se procedió con el pago de sus sueldos retenidos.