Un fuerte desembolso de dinero sin éxito es el resultado del fallido proceso de extradición del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, quien habría fugado —a mediados del 2022— de España con destino a Bruselas (Bélgica), frustrando los trámites iniciados por el Estado peruano para traerlo ante las autoridades judiciales para que responda por sus presuntos delitos. Aunque no se logró concretar su repatriación, sí se efectuaron cuatro pagos al estudio de abogados español Pelayo, Clemente, Baos.
Como se recuerda, el Estado peruano contrató al estudio español para que defendiese los intereses peruanos de cara al proceso de extradición iniciado en España de César Hinostroza. Luego de cuatro años, el resultado solo fue un enorme gasto para el Perú y que el ex juez supremo se encuentre con paradero desconocido.
Hinostroza Pariachi es uno de los principales rostros de la más grande trama de corrupción que operó en el sistema judicial peruano vinculada al ya extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Tras el escándalo, el Congreso modificó la Constitución para reemplazar a esta institución por la renovada Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de selección y nombramiento de jueces y fiscales.
De acuerdo a información revelada por Panorama, en total, el Estado peruano pagó 152.000 euros, más de medio millón de soles, al estudio Pelayo, Clemente, Baos para extraditar a César Hinostroza.
En diciembre del 2018 se pagó 25.000 euros, en febrero del 2020 otros 25.000 euros, en agosto del 2021, 5.000 euros y, finalmente, en enero del 2023 —con un ex juez supremo ya fugado de España—una suma de 97.000 euros.
Finalmente, lo último que se conoció del caso fue que —en mayo de este año— la Sala Penal Permanente rechazó el recurso de apelación que había presentado Hinostroza Pariachi para que se anule la orden de levantamiento del secreto de sus comunicaciones como parte del proceso en su contra en el denominado caso Los Cuellos Blancos del Puerto.