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María Cordero Jon Tay es denunciada por la Procuraduría por recortar sueldo de su asesor

La institución solicita que la legisladora sea investigada por la comisión del delito de cohecho pasivo impropio, luego de que buscara quitarle hasta el 75% de sueldo a uno de sus asesores.

María Cordero Jon Tay
María Cordero Jon Tay. Foto: Congreso | Foto: Congreso

Una nueva denuncia se suma a las acciones tomadas en contra de la congresista María Cordero Jon Tay. La Procuraduría General del Estado resolvió denunciar a la legisladora fujimorista por la comisión del delito de cohecho pasivo impropio por presuntamente recortar hasta el 75% del sueldo de un trabajador del Congreso asignado a ella. Sobre la legisladora ya existe una investigación preliminar por parte de la Fiscalía por el delito de concusión.

El procurador Daniel Soria presentó este lunes un documento dirigido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el que solicitaba que se disponga el inicio de diligencias preliminares contra Cordero Jon Tay por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado peruano.

Asimismo, solicitó que, alternativamente, se investigue a la congresista de Fuerza Popular por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, mismo delito por el que también se han iniciado investigaciones a las congresistas Heidy Juárez, Rosio Torres, y Magaly Ruiz, tres de ellas pertenecientes a la bancada de Alianza para el Progreso; así como a la congresista Katy Ugarte, del Bloque Magisterilal.

Fiscalía ya investiga a María Cordero Jon Tay por concusión

Poco antes de a revelación de los audios de la congresista en un dominical, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar no solo contra la legisladora perteneciente a la bancada de Fuerza Popular, sino también en contra de un técnico de archivos del Congreso, Braden Alexander Paredes Calla, quien fue sindicado como cómplice del delito de concusión, mismo por el que es investigada Cordero.

Por estas acusaciones, María Cordero Jon Tay podría enfrentar de 2 a 8 años de prisión. Los audios y otras evidencias del caso que se revelaron este último domingo pasarían a ser agregados a las pesquisas.

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