Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra Pedro Castillo por organización criminal y corrupción

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Ello, luego de que el Congreso de la República aprobara el informe final de la denuncia constitucional que interpuso la titular del Ministerio Público en octubre de 2022.

Benavides Vargas, quien se encarga de los casos de altos funcionarios, también procedió a formalizar las pesquisas preparatorias en los casos del prófugo exministro Juan Silva, por organización criminal y colusión, y Geiner Alvarado, por organización criminal.

Según la tesis fiscal, Castillo Terrones habría sido el líder de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo dedicada a copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones en entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Petroperú. Ello con el presunto objetivo de obtener ganancias ilícitas.

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Se le imputa al exmandatario el hecho de "haber planificado y decidido la forma de intervención de los miembros de la organización criminal, que se relaciona con el nombramiento de ministros y personal afín a la organización criminal".

“El expresidente José Pedro Castillo Terrones, durante el ejercicio de su periodo presidencial, habría hecho mal uso de su alto cargo y lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal para perpetrar delitos contra la administración pública”, se lee en la resolución acusatoria del Congreso.

¿Qué implica la formalización de la investigación preparatoria contra Pedro Castillo?

Una vez que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria apruebe la formalización de la investigación preparatoria contra Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado, la fiscal de la Nación podría requerir la imposición de medidas coercitivas, como prisión preventiva, comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.