Juez Víctor Zúñiga arroja un salvavidas a la Fiscalía para rescatar caso Cócteles
Al borde. Equipo Especial Lava Jato no cumplió con individualizar y señalar la necesidad y utilidad de las más de cuatro mil pruebas. Abogados plantean la nulidad absoluta y total del proceso contra Fuerza Popular.
Tormenta judicial. El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday tuvo que lanzar este viernes 10 de febrero un salvavidas jurídico al Equipo Especial del caso Lava Jato para evitar que el caso cócteles naufrague como el Titanic, al chocar como un iceberg de ineficiencia.
Esto luego de que el Equipo Especial Lava Jato no cumplió con precisar por escrito la utilidad y necesidad de las casi cuatro mil pruebas por delito y para cada uno de los 47 acusados, en el proceso seguido a Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori Higuchi.
El 31 de enero último, el juez le había pedido a la Fiscalía que debía precisar de las casi cuatro mil pruebas, entre testigos y documentos, cuáles servían para probar determinado delito y la participación de los 47 imputados. El juez, incluso, señaló que si tenía que repetir, lo hiciera las veces que fuera necesario.
Zúñiga Urday justificó esta decisión en la necesidad de que cada uno de los acusados pudiera saber con la mayor exactitud posible de qué delitos se les acusa y cuáles son los hechos que configuraron el acto ilícito, a fin de que ejerza su defensa.
Pero la Fiscalía no cumplió con presentar está precisión. La fiscal adjunta Paulina Roque presentó un escrito en el que señala que los 1.121 testigos son útiles para todos los cinco delitos atribuidos: organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, y respecto a cada uno de los 47 acusados.
Corrección sin límite
Dicha situación llevó al juez a preguntarle a la Fiscalía qué información podían aportar Jorge Barata o Marcelo Odebrecht sobre el delito de obstrucción a la justicia o falsa declaración administrativa. Luego de intentar evadir la respuesta, la fiscal Roque tuvo que admitir que dichos testigos no aportaran ninguna información sobre estos delitos.
“Entonces, pues, dijo el juez, estos testigos no son para todos los delitos”. Esto supondría que las pruebas se presentarán sin cumplir con lo que señala la norma procesal.
Como quiera que esa conclusión generaría la nulidad del caso, el juez resolvió que la Fiscalía podrá subsanar su escrito de manera verbal y, además, que no tiene límite para realizarlo, esto es, que lo puede hacer las veces que sea necesario.
Al respecto, Zúñiga Urday señaló que el 31 de enero fue la primera vez que su despacho devolvió la acusación, en la etapa de control sustancial del caso. Las nueve devoluciones anteriores, dijo, se realizaron para el control formal.
Con esto busca salvar el caso y permitir que la Fiscalía pueda precisar los testigos y documentos que utilizará para cada delito y para cada acusado.
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Nulidad
La decisión del juez generó que los abogados de los acusados plantearan recursos de nulidad absoluta del proceso, al no cumplirse lo que señala el Código Procesal Penal para la presentación de la prueba testimonial y documental.
Walter Palomino Ramírez pidió la improcedencia de la subsanación presentada por la Fiscalía, pues no existe una norma procesal que permita corregir una acusación que ya se había declarado que estaba subsanada.
Giuliana Loza y Gerson Camarena pidieron la nulidad absoluta del caso Cócteles, porque la Fiscalía no cumplió con precisar la utilidad y necesidad de cada prueba, y darse por concluido todo el proceso.
El juez rechazó los pedidos de nulidad, se reservó pronunciarse sobre la improcedencia, pero los abogados apelaron.
El proceso avanzará con cojera
El juez Víctor Zúñiga insistió que la fiscal Paulina Roque deberá precisar, a partir de la siguiente audiencia, de manera verbal cuáles testigos son útiles para demostrar los cinco delitos y, además, individualizar por cada uno de los acusados.
Esto permitirá que el proceso avance, pero ha recibido un golpe que lo mantendrá renqueando hasta que la instancia superior o la Corte Suprema defina hasta dónde la Fiscalía puede corregir una acusación.