La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la reorganización del subsistema de Fiscalías Especializadas de Terrorismo, Derechos Humanos e Interculturalidad para una oportuna y célere investigación de los actos de violencia y las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas de diciembre último. La reorganización, explicó la titular del Ministerio Público, comprende la división del mencionado subsistema en dos áreas para lograr una mayor especialización para las indagaciones y una organización célere y ordenada.
“Desde el inicio de las protestas se dispuso que los fiscales pongan énfasis en la investigación y determinación de responsabilidades por los lamentables sucesos de diciembre del 2022. Ninguna vida vale menos que otra y ninguna muerte debe quedar impune”, manifestó Benavides en el discurso por el inicio del año fiscal 2023.
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Así, se crea un subsistema de fiscales especializado únicamente en delitos de terrorismo que se encargará de investigar los actos de violencia, destrucción de propiedad privada y desmanes durante las marchas.
El otro subsistema verá casos de derechos humanos e interculturalidad, cuyos fiscales pondrán especial interés en investigar las muertes ocurridas durante las protestas, así como todos los delitos que afectan a los defensores de derechos humanos. Además de las fiscalías que ya existen en esta materia, se implementarán adicionales en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad.
La fiscal de la Nación utilizó la ceremonia de inicio del año fiscal para presentar un balance de sus seis primeros meses al frente del Ministerio Público.
En este sentido, destacó la investigación que su despacho y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder realizan al expresidente Pedro Castillo y su entorno de familiares y colaboradores. No se hizo mención a otros casos específicos y hasta hace poco emblemáticos en la Fiscalía, como Lava Jato en el Perú o Los Cuellos Blancos del Puerto.
Subrayó que su despacho junto con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder desarticularon en seis meses una presunta organización criminal enquistada en el Estado. Una investigación que había iniciado su antecesor, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez.
“Todo aquel que cometa un acto de corrupción quitándole algún servicio a la ciudadanía debe saber que le espera el rigor de la ley. Ese es el compromiso que renuevo y reafirmó hoy que iniciamos un nuevo año de trabajo y servicio”, indicó.
La fiscal de la Nación enfatizó que los fiscales vienen poniendo todo su esfuerzo personal por llevar adelante las investigaciones y atender el clamor de justicia de la ciudadanía, pese al reducido presupuesto que recibieron el 2022 y que volverán a recibir el 2023.
“Solo se nos dio la tercera parte del presupuesto que necesitamos para el año 2023, pese a lo cual se están logrando avances para disminuir la carga atrasada y dar pase a los nuevos casos”, explicó.
De los resultados de gestión de estos meses, destacó en primer lugar el trabajo de las fiscalías especializadas del subsistema especializado en corrupción de funcionarios. Un subsistema que, contradictoriamente, los últimos fiscales de la Nación han relegado en sus presentaciones, pero es el que hasta ahora tiene mejores resultados.
Indicó que este subsistema, con fiscalías especializadas a nivel nacional, ha resuelto 11.935 casos, de los cuales ha logrado hasta ahora 867 sentencias condenatorias a funcionarios públicos y se han obtenido 39,6 millones de soles de reparación civil.
Luego vienen las fiscalías especializadas en delitos de tráfico de drogas que han obtenido 1.173 sentencias condenatorias y participado en 3.056 operativos antidrogas a nivel nacional logrando incautar 45 toneladas de droga. Otro subsistema que presenta resultados es el de pérdida de dominio. En 275 casos ha logrado recuperar 12,4 millones de dólares.
La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno respetará “escrupulosamente” el Ministerio Público, una institución que –dijo– ha mostrado su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, en la persecución del delito y en la búsqueda de la verdad.
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Expreso la disposición del Ejecutivo para atender en lo posible los requerimientos logísticos o económicos para “facilitar la celeridad de los procesos de investigación que el país espera”.
Al dirigirse a las autoridades presentes, afirmó que el país los necesita unidos y fuertes, dispuestos al diálogo, y no divididos. A la vez que reiteró que la violencia no solo “genera dolor y sufrimiento, sino atraso y pobreza”.
Presidentes. La ceremonia contó con la participación de los presidentes de los tres poderes del Estado y diversas instituciones públicas autónomas. Estuvieron la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Congreso, José Williams Zapata; el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; de la JNJ, Imelda Tumialán, y del JNE, Jorge Salas Arenas.