Abogado Wilfredo Robles: Nunca he sido condenado por terrorismo
El defensor legal del expresidente Pedro Castillo dice que estuvo 11 años preso a la espera de juicio por terrorismo, por una probable acusación de tráficantes de terrenos.
El abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, Wilfredo Arturo Robles Rivera niega haber sido condenado por delito de terrorismo o haber tenido o tener alguna filiación con una organización subversiva, en entrevista con Larepublica.pe. Dice que la policía nunca señaló en qué actos de terrorismo estuvo involucrado y que en el juicio público se habló de una probable vengaza de traficantes de terrenos en San Juan de Lurigancho.
Sobre el proceso al expresidente, señala que pedirán a la fiscalía que lo interrrogue y evalúan presentar un recurso de casación o una demanda de habeas corpus. La entrevista se realizó antes que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia publique la resolución que confirma la prisión preventiva al expresidente.
¿Cómo llega a ser el abogado del expresidente Pedro Castillo, había tenido contacto con él anteriormente?
Nunca antes habíamos tenido contacto. Soy abogado penalista y me llamaron para apoyar en la defensa de Aníbal Torres. Las personas cercanas al presidente me conocían y cuando se quedó sin abogados me preguntaron si podía asumir su defensa. Recién, allí lo conocí.
¿Sigue colaborando con la defensa del expremier Aníbal Torres?
Ya no. Cuando asumí la defensa del presidente Castillo Terrones renuncié para evitar cualquier contradicción.
Según su argumento, si los actos cometidos por el expresidente no configuran un delito de rebelión, ¿cómo se debe calificar el mensaje dónde dice que disuelve el Congreso?
Cada delito tiene que estar descrito en el Código Penal como conducta prohibida. El Código Penal dice que el delito de rebelión es el que se levanta en armas y tiene cuatro finalidades. La fiscalía habla del discurso. Pero, salir ante cámaras y dar un discurso no es levantarse en armas. La doctrina habla de un conjunto de personas que se levanta en armas. Ese mensaje para un sector de la población puede ser una buena idea, para otros, en cambio, es cuestionable, un error político y otro grupo, diría que es una estupidez política, pero eso no es delito. También dice quen es una infracción a la Constitución, pero no toda infracción es un delito.
¿Qué consecuencias tendría que la Sala Penal Suprema dijera que efectivamente el Congreso no cumplió el debido proceso de antejuicio constitucional?
Sería nulo todo el procedimiento, pues se han saltado todo el antejuicio político. Eso está previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. No existe una norma que autorice al Congreso a levantar el antejuicio. Es como si dijeran te vamos a juzgar sin abogados, no se puede hacer. El Código Procesal Penal también señala que se debe verificar la existencia del ante juicio político. El Congreso le ha cercenado ese derecho a mi patrocinado. Es ilegal, inconstitucional. Si vivimos en democracia, entonces se debe respetar el Estado de derecho. Si ya no van a respetar las reglas, se cortó el Estado de derecho. (Después que se realizará esta entrevista, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que el delito de flagrancia y la necesidad de toma una decisión urgente justifica la celeridad en el Congreso)
¿La procuraduria cuestionó que la apelación a la prisión preventiva no era la vía para cuestionar los actos previos en el Congreso?
Pero, el juez debió verificarlo. La defensa no acudió a esa audiencia, se pudo plantear una cuestión previa, pedir que se le requiera a la fiscalía que cumpla con esa premisa. Se pudo hacer. La defensa pública no reparó en ese detalle y no lo hizo. Efectivamente, nadie discutió ese punto pero, el juez sí introdujo las resoluciones del Congreso. Entonces, si él juez pone eso, yo como cualquier abogado voy a plantear que se revise.
¿El expresidente Pedro Castillo ya declaró ante la fiscalía?
Todavía no ha declarado. Vamos a solicitar que declare para que haga su descargo y aclaré varias cosas que la ciudadanía quiere saber.
¿A conversando con él, le ha contado lo que sucedió el 7 de diciembre?
El INPE tiene órdenes de limitar las visitas. Nos da tiempos muy cortos para hablar. Lo que he podido captar es que fue su decisión. A diferencia de otros que dicen que lo habían inoculado, drogado, que estaba amenazado, no. Él dice que fue su decisión. Ahora, si para esa decisión, él consultó con una o varias personas, no me lo ha dicho.
Ante los jueces, el expresidente habló de comunicarse con su familia, ¿qué les ha dicho el INPE sobre su comunicación?
Los funcionarios del INPE dicen que como no esperaban tener otro interno, nada está implementando y verán si le instalan un teléfono público. Él no pide un celular. Quiere que le permitan, desde una oficina, poder comunicarse con sus padres, con sus hijos, tranqulizarlos sobre su situación.
De mantenerse la prisión preventiva, ¿qué otras acciones legales pueden emprender?
Técnicamente corresponde un recurso de casación
Pero, no hay una instancia a quien presentar una casación.
Tendrán que conformar una Sala específica para ver este tema, con otros jueces para que puedan decidir. En general, es lo que corresponde.
¿Es posible una acción de habeas corpus?
Tengo conocimientos que anteriores abogados y personas que se identifican con él han presentado habeas corpus. Nosotros vamos a estudiar y evaluar. El tema del antejuicio no se ha tocado en un habeas corpus.
¿Usted estuvo preso por terrorismo?
Fui detenido en una batida policial en San Juan de Lurigancho. La policía iba de paradero en paradero cargando personas y las conducía a la comisaría. Me acusaron de actos de terrorismo, pero nunca dijeron que actos, dónde y cuándo habían ocurrido. En aquellos años no existía una norma que estableciera un plazo para la detención preventiva y me tuvieron en prisión sin juicio durante 11 años. Así era la dictadura de Alberto Fujimori y Montesinos.
¿En qué terminó ese proceso?
Se emite una sentencia absolutoria, el 30 de enero de 2004. La misma que fue confirmada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por unanimidad. La sala de juzgamiento y la Corte Suprema por unanimidad confirmaron esa absolución. No es cierto lo que se está difundiendo, yo no he cumplido ninguna condena.
¿Qué edad tenía cuando lo detienen?
Julio, agosto de 1992. Tenía 22 años.
¿Era estudiante?
Si, estudiaba en La Cantuta.
¿Usted integraba en alguna organización estudiantil?
No. Ese año ni siquiera me había podido matricular por falta de medios económicos, no estaba asistiendo a clases. Estaba postergando mis estudios. Lo que sucedió y se trató en el juicio es que había traficantes de terrenos, en lo que hoy es la parte intermedia de San Juan de Lurigancho y mi madre era parte de la Junta Directiva que se enfrentó a estos traficantes de terrenos. La única explicación que tenemos es que fue un tipo de venganza de estos tráficantes. Una vez cuando estaba en prisión un policía se me acerca y me dijo que él había estado en mi detención, pero que yo había sido tonto porque no había dado billete.
¿Entonces, según me cuenta, en ningún momento hubo una sentencia condenatoria? O lo condenaron y después el 2000 se anuló todo y lo vuelven a juzgar y allí lo absuelven?
No. En todas las instancias fue absolutoria. En primera instancia me absuelven, la fiscalía y la procuraduría apelan y el caso fue a la Corte Suprema y ratifican la absolución. Este proceso no es impedimento para ejercer la defensa. Nunca he tenido ningún vínculo con el gobierno, con ningún congresista.
Y luego firma los planillones del MOVADEF
Primero, firmar un planillón para que se inscriba una organización política ante el JNE es un acto completamente lícito. Se ha insertado la idea de que eso, firmar un planillón, puede ser ilícito, pero no lo es. Yo la verdad, es que no recuerdo cuando he firmado. He firmado varias veces planillones, incluso para la reinscripción del Apra he firmado. Algunas veces los clientes traen planillones y firmo. Eso no es delito.
Entonces, ¿usted tiene alguna relación con el Movadef?
Ninguna. Solo la firma de los planillones. En el JNE está el expediente del Movadef pueden revisar, deben estar sus comités y todos sus militantes.
Los funcionarios públicos tienen derecho a que el Estado pague los honorarios de sus abogados, el expresidente Pedro Castillo ha activado ese beneficio?
No lo sé. Yo recién tengo dos semanas en su defensa. Esta es la primera vez que defiendo a un funcionario de ese nivel. Indagaré si es que le darán. Con el enconó y la animosidad que existe, es posible que no le den.
