Vienen horas decisivas para la Corte Suprema y el Ministerio Público
Ratificación. El trabajo de la Junta Nacional de Justicia puede afianzar al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. Un error podría llevar al caos a la administración de justicia, en medio de la grave crisis política y de gobernabilidad que enfrenta el país. La JNJ debe decidir si ratifica a la actual presidenta y dos expresidentes del PJ, dos ex fiscales de la Nación y al titular del JNE.
Continuidad o muerte súbita. Días decisivos vivirá el Poder Judicial y, de rebote, el Jurado Nacional de Elecciones, en noviembre. Tras 14 meses de proceso, la Junta Nacional de Justicia entra a la etapa final y decisiva del proceso de ratificación de seis jueces supremos y dos fiscales supremos, que inició el 17 de setiembre del 2021.
El miércoles 2 y jueves 3 de noviembre entrevistará a los seis jueces, el primer día, y a los dos fiscales, el segundo día. Luego, la Junta quedará lista para discutir y votar la decisión, que puede ser de ratificar sus títulos de magistrados titulares o cancelar sus títulos y expulsarlos del Poder Judicial y el Ministerio Público, respectivamente.
La ratificación
Todos los jueces y fiscales a nivel nacional pasan ratificación cada siete años. Es un proceso intermedio entre la selección y nombramiento y el proceso disciplinario. La ratificación siempre ha causado polémica y, en el pasado, ha merecido la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde que los convocó a ratificación, la Junta ha venido revisando sus antecedentes académicos, profesionales, familiares, amicales, económicos, personales y desempeño.
Cada magistrado debió presentar ocho resoluciones o dictámenes, uno por cada año de evaluación, que considere son los más destacables que ha emitido desde su nombramiento o anterior ratificación. La Junta selecciona otro grupo de resoluciones. Todo este conjunto es evaluado y arroja una calificación sobre su desempeño jurisdiccional, que se toma en cuenta en la decisión final.
También debieron adjuntar las constancias o certificados de estudios realizados en este periodo, detallando la especialidad, número de horas de estudio en la Academia de la Magistratura o en una universidad nacional o extranjera. No haber realizado al menos un curso en el periodo es un demérito.
Igualmente, informes de gestión, dirección y organización de su despacho. Se han revisado sus ingresos económicos, personales y familiares, cuentas bancarias, compras y viajes, relaciones familiares, vecinales y amicales. Incluso se vuelve a revisar las denuncias o procesos disciplinarios que pudiera haber tenido el magistrado en el pasado.
Antecedentes
Este es el primer proceso de ratificación que desarrolla la Junta Nacional de Justicia por lo que no hay antecedentes de su proceder. Pero el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura lo solía utilizar para expulsar de la carrera judicial a un magistrado polémico cuando no se podía probar que hubiera participado en un acto ilícito, pero tenía cara de sospechoso.
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Incluso, un magistrado fue expectorado porque un cura se quejó de que se declaraba católico pero no asistía a misa ni se confesaba ante el sacerdote de la iglesia del sector donde vivía, por lo que debía suponerse que si mentía a la iglesia era seguro que mentía en sus casos.
Fueron esas decisiones absurdas las que generaron la intervención de la Corte IDH. Hoy la Junta debe sustentar en hechos claros y probados por qué no ratifica a un magistrado, y ya debe haberles notificado los vacíos o fortalezas que han encontrado en la evaluación.
Fueron 14 meses
La entrevista tratará de las faltas, vacíos o deficiencias que se han encontrado, y de las denuncias y cuestionamientos públicos que se hayan hecho contra ellos, hasta el día previo a la entrevista.
El actual proceso de ratificación comenzó el 17 de setiembre del 2021. Incluye a un total de 200 magistrados, entre jueces y fiscales de todo el país. Los magistrados supremos son los primeros en ser evaluados, en los siguientes días seguirán los demás.
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La ratificación estaba programada para terminar el 25 de marzo del 2022, pero se ha venido posponiendo. Inicialmente, la entrevista para los jueces y fiscales supremos se programó para el 1 de marzo. Luego, se pospuso a junio, después setiembre y, por último, y esta vez sí parece definitivo, el 1 y 2 de noviembre del 2022.
Los ocho
Todos estos aplazamientos y el momento en que se realiza la entrevista personal han generado gran expectativa en el Poder Judicial y el Ministerio Público. En este primer grupo de magistrados supremos, se encuentran el juez y el fiscal que han sido los rostros de la lucha contra la corrupción en las últimas décadas.
Pablo Sánchez Velarde fue fiscal de la Nación y antes el coordinador de las fiscalías especializadas que investigaron, acusaron y juzgaron a la red de corrupción del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina.
Zoraida Ávalos fue fiscal de la Nación y ella fue la que comenzó a cambiar la jurisprudencia del Ministerio Público en lo que respecta a investigar a un presidente de la República en ejercicio. Antes un presidente no era investigado.
César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga integraron la Sala Penal Especial que juzgó y sentenció a Alberto Fujimori por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
Ambos también fueron presidentes del Poder Judicial y son reconocidos académicos en la teoría del derecho penal. Prado Saldarriaga encabezó y dirigió la Corte Suprema, tras el escándalo de la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto.
Elvia Barrios es la actual presidenta del Poder Judicial, cargo en el que le tocó organizar la institución durante toda la crisis del COVID-19. El juez supremo Jorge Salas Arenas es el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Parte de la evaluación incluirá su desempeño en el organismo electoral, que debe presidir hasta el 2026. Si la Junta decide expulsarlo del PJ, la Sala Plena de la Corte Suprema deberá elegir a su reemplazo.
Janet Tello Gilardi, una de las fundadoras de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, y Javier Arévalo Vela están voceados como eventuales candidatos a presidentes del Poder Judicial en el periodo 2023-2025.
Consecuencias
La salida de uno o varios de ellos generará una serie de cambios en la máxima instancia del Poder Judicial, el Ministerio Público e incluso el Jurado Nacional de Elecciones.
Además, este proceso concluirá semanas antes de la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, prevista para realizarse el primer jueves del mes de diciembre, es decir, el 1° de diciembre. Las candidaturas de Arévalo o Tello no podrían avanzar mientras la JNJ no decida y con ello tampoco se concretarían las alianzas para obtener los votos necesarios. El mismo resultado de la votación se podrá alterar de acuerdo con el resultado de la ratificación.
En el Ministerio Público, la salida de Sánchez o Ávalos solo consolidará el poder de la actual de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que trabajaría sin contrapesos en la Junta de Fiscales Supremos. La salida de Salas Arenas del JNE tendría implicancias políticas y podría potenciar las denuncias de fraude que un sector político enarboló en el último proceso electoral.
Todo esto, sin tomar en cuenta el tiempo que la Junta demoraría en nombrar a nuevos magistrados titulares. La Junta aún no termina de cumplir las plazas que quedaron vacantes con las destituciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Así, lo que decida la Junta Nacional de Justicia puede afianzar y respaldar al Poder Judicial y el Ministerio Público, en medio de la crisis política, o hundirlos.
Queja. Fiscal Rafael Vela denunció a César San Martín. Foto: EFE
Equipo de fiscales del caso Lava Jato busca la destitución del juez César San Martín
El Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, que encabeza el fiscal superior Rafael Vela Barba, presentó una queja ante la Junta Nacional de Justicia para el inicio de una investigación disciplinaria de destitución contra el juez supremo César San Martín por supuesta falta al deber de imparcialidad.
Rafael Vela, a partir de un informe de la fiscal provincial Geovana Mori Gómez, acusa a San Martín de no inhibirse en los recursos presentados en el caso Gasoducto del Sur por los abogados Carlos Caro Coria, Luis Vargas Valdivia y José Ugaz Sánchez Moreno, siendo conocido, dice, que el primero es su abogado y los otros dos son sus amigos.
Adicionalmente, a través de la 1° Fiscalía Suprema Penal, le pidieron a San Martín que se inhiba de integrar el tribunal que resolverá los recursos de Enagás, Elías Danós y Ana Reyna Palacios. Este recurso está en trámite y podría derivar en una recusación.
Ambos cuestionamientos a San Martín son independientes de los realizados por Vela en la casación presentada por el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano, que la Corte Suprema vera este 2 de noviembre.
La difusión pública de estos recursos provocó el pronunciamiento de la Corte Suprema en la que denuncia que un funcionario público, un fiscal superior ejerce presiones indebidas. La Corte Penal Nacional se sumó al reclamo de la Corte Suprema, para que los incidentes se tramiten dentro del proceso y no en juicios paralelos que afectan la independencia judicial.
Mientras, la Autoridad de Control del Ministerio Público pidió a la Corte Suprema identifica al funcionario mencionado en el comunicado.
Control. Piden al PJ identificar al funcionario público. Foto: Ministerio Público
