Susana Villarán: PJ dictó mandato de comparecencia con restricciones para exalcaldesa de Lima

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán recibió un mandato de comparecencia con restricciones por parte del Poder Judicial en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por presuntamente cometer el delito de colusión agravada, relacionada con el caso Lava Jato. El juez Jorge Chávez Tamariz fue quien dictaminó la medida.

El magistrado dispuso que la exburgomaestre capitalina cumpla con una serie de reglas de conducta, como no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso, entre otras. Asimismo, decidió imponerle el pago de una caución de 20.000 soles.

Sin embargo, Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal para dictar impedimento de salida del país por 36 meses a Villarán de la Puente, debido a que la Fiscalía no ha programado diligencias que requieran la presencia de la imputada por el mencionado caso.

De esta manera, el magistrado acogió una parte del requerimiento realizado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien además de solicitar la comparecencia con restricciones para la exautoridad edil, pidió también que se le impusiera una caución de 100.000 soles y que fuera impedida de dejar territorio peruano por un lapso de tres años.

Hipótesis fiscal

De acuerdo con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, Susana Villarán habría concertado con directivos de las empresas OAS Sucursal Perú y Lamsac con la finalidad de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el 2012.

Ello habría permitido el reajuste de las tarifas de peajes de las vías administradas por Lamsac en el 2013. El principal motivo habría sido recibir un supuesto apoyo económico para su campaña de reelección en 2014.

Villarán afronta también otras investigaciones preparatorias por presuntamente haber recibido apoyo económico de las empresas Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el No a su revocatoria como alcaldesa de Lima Metropolitana.