SIP rechaza proyecto de Dina Boluarte que atenta contra la libertad de prensa y expresión
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, solicitó al Gobierno de Boluarte retirar el proyecto, que vulneraría derechos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal de Perú, que responsabilizaría y penalizaría a los medios de comunicación por informar sobre protestas sociales contra el Gobierno que terminen en disturbios.
"En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos", dijo Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
El pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte pidió al Parlamento la modificación del Código Penal para castigar penalmente a quienes calificó de "instigadores de disturbios" en manifestaciones. En el documento especificó que instigadores serían los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.
Extracto del proyecto del Ejecutivo que propone "sancionar a los instigadores"
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon instó al Gobierno de Boluarte Zegarra retirar el proyecto de modificación del Código Penal "por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas".
CPP pide retiro de propuesta del Ejecutivo que criminaliza derecho a informar sobre protestas
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pide retirar la disposición del punto 3.1.2 inciso C del Código Penal, en la que el Poder Ejecutivo propone una modificatoria que atenta contra la libertad de expresión, refirió la asociación.
En dicho punto, se señala: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.