Buscan sancionar con cárcel filtración de información
Criminalización. Según proyecto de ley del Ejecutivo, jueces y fiscales que difundan información penal reservada tendrían pena privativa de libertad de hasta tres años. Y en caso sea divulgada a través de los medios de comunicación, sería de hasta cuatro años.
El viernes, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. De acuerdo con la versión inicial del proyecto de ley -al que tuvo acceso La República a través de una fuente del MINJUSH- la norma propone sancionar con cárcel tanto a las partes comprendidas en un proceso penal como a los operadores de justicia si difunden información de una investigación penal.
En caso sea el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que difunda información reservada a “personas no legitimadas”, será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de dos años.
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En tanto, si la divulgación de esta información es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no menor de dos ni mayor de tres años.
Asimismo, si la información es propalada en cualquiera de los dos casos anteriores a través de los medios de comunicación social u otros de difusión masiva, la pena privativa de la libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Afrenta. Ministro de Justicia, Félix Chero, defiende ley que amenaza libertad de información. El anunció se da un día después de que el juez respaldara la investigación al presidente Pedro Castillo. Foto: difusión
En febrero pasado, la Comisión de Justicia que preside la congresista Gladys Echaíz (APP) aprobó un dictamen que modifica el Código Procesal Penal en lo referido al proceso especial de la colaboración eficaz y que plantea la posibilidad de que los periodistas sean condenados si difunden testimonios de colaboradores eficaces en investigaciones del Ministerio Público.
En dicha ocasión, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó dicho proyecto y señaló que “el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”.
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Respecto a la iniciativa del gobierno, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el referido proyecto y señaló que afecta de manera directa la actividad periodística en el país, al criminalizar a las fuentes. En ese sentido, dijo que esta situación “genera mordaza y afecta el derecho a saber”.
El dato. Proyecto de reforma constitucional fue trabajado en detalle el domingo por Landa y Chero, junto con Aníbal Torres, y ayer se sometió a aprobación en el Consejo de Ministros. Foto: PCM
Asimismo, la Federación de Periodistas del Perú condenó la iniciativa, al sostener que se trata de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad.
“Con este proyecto de ley, se estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo”, advirtió.
Percy Medina, de Idea Internacional, sostuvo que esta norma, aparentemente, tiene una buena intención al querer cuidar una investigación procesal, pero advirtió que “un uso inadecuado de una norma de este tipo puede encapsular los temas de una investigación para evitar que se conozcan públicamente”.
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Reacciones
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP
“Es indudable que esto tiene una afectación directa al trabajo informativo. Se están criminalizando las fuentes periodísticas. ¿Quién se va a atrever a dar información a un periodista si sabe que por eso puede ir preso?”.
Percy Medina, Idea Internacional
“El que un tema sea de dominio público ayuda a que la gente no solo tenga una opinión sobre el tema sino a que se aceleren los procesos judiciales. Muchas veces hay una presión ciudadana para garantizar que se hagan las cosas con transparencia”.
Proyecto de ley bajo la lupa
Iniciativa pretende criminalizar fuentes periodísticas del sistema judicial, si difunden información.
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