Congreso ignoró observaciones y críticas de las municipalidades contra ley que limitó cierre del Real Plaza de Trujillo

La Ley 31914 sobre las nuevas disposiciones para la clausura de centros comerciales y negocios fue discutida y aprobada en 2023 en el Congreso, pese a las observaciones de los gobiernos locales.

La discusión de esta ley es recapitulada tras la tragedia del Real Plaza de Trujillo, que dejó seis muertos y 80 heridos. La norma es cuestionada por haber flexibilizado las medidas de fiscalización a centros comerciales.

Su debate comenzó cuando la Comisión de Constitución era liderada por el fallecido fujimorista ‘Nano’ Guerra García y la Comisión de Descentralización era presidida por la congresista de Diana González (Avanza País). Ambas comisiones elaboraron los dictámenes que originaron la Ley 31914.

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Comisión fujimorista

El 22 de junio del 2023, el excongresista Guerra García presentó su dictamen. La página 71 de ese documento tiene un subcapítulo que mencionó algunos “casos de abuso de las autoridades a través de la clausura como sanción” contra centros comerciales.

El dictamen criticó que en 2019 el Real Plaza de Salaverry fuera clausurado, por lo que el texto considera “un supuesto caso de discriminación” y que el 23 de mayo del 2023 fuera clausurado el centro comercial Open Plaza de Angamos, en el distrito de Surquillo, “por unas supuestas fallas en las medidas mínimas de seguridad”.

Comisión de Avanza País

La Comisión de Descentralización, durante la gestión de González, en tanto, requirió las opiniones de las municipalidades. La comuna de Miraflores criticó la propuesta, según el dictamen de esta comisión, “dado que vulnera las prerrogativas municipales para preservar y asegurar la vida, salud y tranquilidad de los vecinos, al restringir la aplicación de medidas provisionales ante incumplimientos sanitarios, de seguridad, de defensa civil y de salubridad”.

El 10 de julio, la Municipalidad Provincial del Cusco hizo lo mismo, “dado que vulnera la autonomía administrativa, económica y política de los Gobiernos locales (…) presentando un serio riesgo para el bienestar de los ciudadanos”.

Hasta fines de julio, todavía no había ley aprobada. El debate seguía.

En la segunda legislatura del 2023, hubo cambios en las presidencias de las comisiones. La de Constitución pasó a ser presidida por la fujimorista Martha Moyano y la de Descentralización por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País).

El 6 de setiembre de ese año, ambas comisiones realizaron una mesa de trabajo con los Gobiernos locales. A ese encuentro asistieron, según el dictamen de la Comisión de Descentralización, los alcaldes de San Borja, Surco, Cusco, San Isidro, San Bartolo, Barranco, Breña, Miraflores y San Miguel.

El dictamen de la comisión de Cavero mencionó que en ese encuentro “los representantes de los Gobiernos locales expresaron su preocupación por las disposiciones del proyecto, argumentando que vulneraría el principio de autoridad y desarmaría a los Gobiernos locales respecto de la posibilidad de hacer efectiva la fiscalización y sanción de la ilegalidad y la informalidad”.

Asimismo, los burgomaestres pidieron un punto medio, pero el proyecto siguió en marcha. El 21 de setiembre de ese año fue presentado el dictamen de la Comisión de Descentralización.

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Insistieron con ley

La ley fue votada al mes siguiente en el Pleno del Congreso. Los dictámenes de las comisiones de Constitución y Descentralización fueron acumulados en un texto sustitutorio.

Durante el debate, el congresista de Podemos Perú Guido Bellido criticó la fórmula porque no incluyó la opinión de diversas autoridades locales. “¿Saben por qué ningún documento ha llegado a ninguna municipalidad? Al único que le han enviado un documento es a Miraflores, que ha respondido que este tema se tiene que consultar con las municipalidades”, increpó.

Su colega Cavero le respondió que para la elaboración del dictamen solicitaron la opinión de 14 gremios, como la Asociación de Municipalidades del Perú y la Asociación de Gobiernos Regionales. Lo demás es historia conocida. La ley fue aprobada en el Pleno. Dos meses después, el alcalde de Trujillo clausuró el Real Plaza de dicha provincia. Cavero, a través de su cuenta de X, rechazó esa decisión y recalcó que la Ley 31914 fue aprobada para impedir decisiones de ese tipo.