Congreso acelera ley para desmantelar la meritocracia en la Defensoría del Pueblo

La Comisión de Constitución del Congreso, que preside la fujimorista Martha Moyano, ya cuenta con un predictamen de ley para dar un golpe contra la Defensoría del Pueblo, mediante la anulación de los concursos públicos para altos cargos. La propuesta también afecta el proceso de elección de los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El proyecto fue presentado el pasado 20 de octubre nada menos que por el mismo defensor del pueblo elegido en virtud de la alianza del fujicerronismo, Josué Gutiérrez.

En un paso previo contra el sistema de meritocracia, este defensor ya había anulado requisitos legales internos para facilitar la designación a dedo de la actual adjunta constitucional Elizabeth Zea.

Josué Gutiérrez luego dio el paso siguiente, al presentar el proyecto, a fin de evitar los concursos públicos que obliga la actual Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para los altos cargos de los adjuntos.

La actual ley de la Defensoría establece lo siguiente: “Los adjuntos serán seleccionados mediante concurso público según las disposiciones que señale el reglamento aprobado por el defensor del pueblo”.

En cambio, la norma que ahora pretende aprobar el Congreso dice lo siguiente: “Los cargos de defensores adjuntos son de libre designación y remoción por el defensor del pueblo, observando el perfil y la idoneidad para el cargo”.

Contra la JNJ

Por otro lado, el predictamen de ley recoge una segunda propuesta de Josué Gutiérrez, para anular también el concurso público para la elección del nuevo secretario técnico de la comisión especial encargada de elegir a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La ley actual precisa que debe haber un concurso público y, solo por única vez, en el primer proceso de elección de la JNJ hubo designación directa para el citado cargo técnico. Ahora, en lugar de implementar la norma, el defensor y sus aliados del Congreso ahora se aprestan a anular la meritocracia.

Así las cosas, el defensor elegido por el actual Congreso podrá tener más rienda suelta, al poner a alguien de su confianza en la secretaría técnica para la elección de la JNJ; una instancia clave en la designación de jueces y fiscales, si se tiene en cuenta que los líderes de varios partidos presentes en el Congreso enfrentan procesos por corrupción y/o lavado de activos.