Congreso permite que 11 casos de recorte de sueldo sigan impunes

En el Congreso aceleran la investigación contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el objetivo de remover a sus magistrados, pero llevan medio año sin sancionar a ningún congresista denunciado por recorte de sueldo a sus trabajadores.

Se trata de 11 congresistas y la bancada con más acusados es Alianza para el Progreso (APP). Ellos son Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), María Acuña (APP), Alejandro Soto (APP), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Marleny Portero (Acción Popular), Heidy Juárez (Podemos Perú) y los no agrupados María Cordero Jon Tay, José Arriola y Jorge Flores.

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Denunciados en abril

El caso de Ruiz es el más antiguo, se hizo público el 6 de marzo. Debido a ello, la Comisión de Ética le abrió una investigación. Ahora afronta una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). El encargado de elaborar el informe final para acusarla es Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial.

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Otra de APP es Rosio Torres. Fue protegida por la Comisión de Ética y ahora tiene una denuncia en la SAC. El problema es que ninguno de sus colegas quiere ser delegado en este caso. Su investigación está paralizada desde el 4 de setiembre. Ese día, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, propuso como ponente a la fujimorista Patricia Juárez, pero ella se negó con la excusa de estar recargada laboralmente.

La tercera apepista es la hermana de César Acuña, María Acuña. Tiene dos investigaciones en Ética y en la SAC donde el ponente es el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu.

La legisladora de Unidad y Diálogo Katy Ugarte también tiene dos investigaciones. En Ética, luego de medio año, recién fue aprobado un informe final que recomienda suspenderla por 30 días. Falta que el expediente sea votado en el Pleno. Mientras que en la Subcomisión, el ponente en su denuncia es Edith Julón, de APP.

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Su colega de Podemos Perú Heidy Juárez afronta un proceso en la Subcomisión. La delegada en ese caso es Arturo Alegría, de Fuerza Popular. En su momento, Ética revisó su acusación, pero jamás fue sancionada.

La exintegrante de Fuerza Popular María Cordero Jon Tay, imputada por presuntamente apropiarse del 50% del sueldo de uno de sus trabajadores, es investigada en Ética y la Subcomisión donde la ponente es la congresista Susel Paredes.

El exmiembro de Acción Popular José Arriola fue denunciado de oficio en Ética en abril. Aún no existe dictamen que proponga su suspensión.

Estos casos datan de abril y continúan impunes.

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Más blindados

En mayo salió a la luz la acusación contra Marleny Portero, de Acción Popular. El 8 de mayo Ética le abrió una investigación por haber donado sillas de ruedas compradas por sus propios trabajadores.

Con el no agrupado Jorge Flores, en tanto, incluso hay audios que lo involucran.

El 10 de julio, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público investigarlo por el presunto delito de concusión. La Comisión de Ética le abrió una investigación de oficio.

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El congresista del Bloque Magisterial Edgar Tello fue acusado por una de sus extrabajadoras. Tello le habría pedido que compre un video proyector con el bono que recibió del Congreso. El 4 de setiembre, luego de tres meses de conocerse ese hecho, la Comisión de Ética recién le inició un proceso.

Ser sindicado como presunto ‘mochasueldo’ no impidió que la Mesa Directiva, presidida por Alejandro Soto, de APP, le permita viajar a Inglaterra a participar del Foro de Seguridad e Inteligencia. Sus pasajes aéreos y viáticos costaron S/15.839,18.

La investigación más reciente data del 20 de agosto, cuando chats de Whatsapp revelados por ‘Cuarto poder’ mostraron que los trabajadores de Soto realizan aportes para promocionarlo en redes sociales.

Ética es presidida por Diego Bazán, de Avanza País, y la SAC por Lady Camones, de APP. Aunque la agenda de estas pesquisas depende de ellos, el resultado radica en cómo voten los miembros de las comisiones. La impunidad, por ahora, se ha impuesto.