Alejandro Soto: estos son los dos cheques por US$265 mil que prueban la estafa
La empresa que fue víctima del engaño de Alejandro Soto Reyes, Transportes Wayna Picchu, entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil la evidencia documental de la compra de un terreno que le vendió el congresista con un exorbitante precio sobrevalorado.
En el lapso de 8 meses la fortuna de Alejandro Soto Reyes cambió radicalmente. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el mismo predio por US$265 mil.
Transportes Wayna Picchu sostiene que el directorio que aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina, desconocía que el verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto.
La empresa descubrió el engaño 5 años después, cuando practicó una auditoría y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26 de noviembre y US$ 65 mil el 24 de diciembre.
Foto: primer cheque por US$200 mil del 26 de noviembre que prueba la estafa.
Foto: Segundo cheque por US$ 65 mil del 24 de diciembre.
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Como parte del proceso para obtener de Alejandro Soto el pago de una reparación civil por daños y perjuicios por S/323 mil, Transportes Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y huellas digitales.
En su defensa, Alejandro Soto ha dicho que la empresa “recién” le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después, y en efecto así fue, porque recién en 2017 Transportes Wayna Picchu detectó el engaño que hizo el congresista en complicidad con otros integrantes de la empresa.
La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos y solicitó 8 años y 8 meses de prisión para Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica y también requirió penas para sus cómplices.
La defensa de Alejandro Soto intentó distintas argucias para librarse de la imputación de la fiscal Marquina, y todas fueron rechazadas, como la figura de la prescripción, por lo que fue llevado a juicio.
Soto consiguió postergar hasta el 21 de julio de este año la audiencia para escuchar su sentencia, mientras que al mismo tiempo aprovechó para poner en la agenda del Pleno del Congreso el debate para la aprobación de la ley de prescripción que lo salvaría de una condena de cárcel.
El propio Alejandro Soto votó a favor del dictamen y finalmente se promulgó la Ley N°31751 que le calzaba como anillo al dedo, y el 14 de julio de este año solicitó de inmediato acogerse a la norma para que se declarase archivada la acusación fiscal en su contra.
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El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra Soto, convenientemente 48 horas antes que fuera elegido presidente del Congreso.
Sin embargo, Alejandro Soto no se libró del pago de la reparación civil. El mismo juez Carlos Román señaló en su resolución que archivó la acusación contra Soto, que procedía que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, solicitara el pago de la reparación civil. Con la prescripción, Soto evitó una sentencia judicial, pero no así borró el delito de estafa, por eso debe pagar a la compañía que engañó.
Por eso es que Transportes Wayna Picchu entregó al juez copia de los cheques que son la prueba de la estafa que perpetró el ahora presidente del Congreso.
Los documentos del Congreso prueban que Alejandro Soto Reyes (APP) intervino personalmente en la aprobación de una ley de una grave acusación de la Fiscalía. Estafa y falsedad, ni más ni menos. Foto: difusión
Alejandro Soto debe pagar S/324.000 como reparación por estafa a empresa
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se salvó de una condena de 8 años y 8 meses por estafa y falsedad genérica, pero no así del pago de la reparación civil a la empresa que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado y cuyo verdadero dueño era el mismo Soto.
La compañía Transportes Wayna Picchu demandó al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que abone una reparación civil de S/323.829 por daños y perjuicios por dos hechos específicos:
a) S/287.829 por haber recomendado la adquisición de un predio por US$265.000, ocultando que él había comprado el terreno 8 meses antes por US$5.000 a la comunidad campesina de Ayarmaca, ubicada en el distrito de San Sebastián, Cusco.
b) S/36.558 por haber cobrado honorarios para elaborar los estatutos de la empresa y no haber cumplido con el compromiso.
Alejandro Soto deberá pagar la fuerte suma de dinero tras caso de estafa. Foto: Congreso.