Inmunidad parlamentaria: ¿qué plantea la propuesta que busca restituir el antejuicio a congresistas?

El Congreso de la República —con 90% de desaprobación, según cifras recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y con más de una docena de congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos cometidos en funciones— busca restituir la figura de la inmunidad parlamentaria. Cabe recordar que esta fue eliminada el 4 de febrero del 2021 con una votación histórica de 103 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. Largo trecho tuvo que ser recorrido para sacar adelante una doble votación en el Pleno al tratarse de un proyecto de reforma constitucional para que un Legislativo cuestionado en términos de legitimidad apunte al retorno del antejuicio para parlamentarios.

La inmunidad parlamentaria fue eliminada por el Congreso anterior en atención a uno de los proyectos de reforma constitucional impulsados por el expresidente Martín Vizcarra. La iniciativa modificó el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. De este modo, eliminó el antejuicio para congresistas por delitos comunes, pero se mantuvo para los posibles ilícitos cometidos en actos propios de sus funciones parlamentarias.

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Antes de ello, dentro del Parlamento funcionaba la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la cual era presidida por un legislador y tenía la labor de “desarrollar el proceso parlamentario sobre las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria motivadas por la presunta comisión de actos ilícitos, las cuales son realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial”.

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La prerrogativa del antejuicio era percibida desde la ciudadanía como una herramienta de blindaje para congresistas. Por ello, su eliminación fue celebrada en las calles. Entre los 14 votos en contra que registró la segunda votación, se encontraron 11 de Fuerza Popular y también los de algunos parlamentarios cuestionados como el excontralor Edgar Alarcón y Manuel Merino de Lama.

¿Cuáles son los cambios que introduce el proyecto?

Actualmente, los congresistas siguen gozando con la prerrogativa del antejuicio político para casos de presuntos delitos vinculados con sus funciones parlamentarias. En tanto, no pueden ser procesados ni detenidos por los casos antes mencionados. Se requiere previamente una denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la cual en caso sea aprobada pasa a la Comisión Permanente y en última instancia al Pleno, en el que finalmente se decide con una mayoría simple de votos. De no obtenerlos, pasa al archivo.

El proyecto de Acción Popular, el cual tiene como autor principal a Wilson Soto, representante por Huancavelica, apunta a una nueva modificatoria del artículo 93 de la Constitución con la que se restituye la inmunidad parlamentaria para impedir que los legisladores puedan ser procesados o detenidos en flagrancia por presuntos delitos —ajenos a sus funciones— cometidos.

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“(Los legisladores) no pueden ser procesados ni (ser) presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento dentro del plazo improrrogable de 30 días calendarios. Caso contrario, procede el silencio administrativo positivo”, se lee en el proyecto.

Fuentes expertas en derecho constitucional explicaron a La República que la figura de la inmunidad parlamentaria solo ha servido, en el pasado, como una herramienta de “encubrimiento” y “blindaje”. En tanto, consideran que la iniciativa impulsada por congresistas investigados en la actualidad por la Fiscalía sería un “retroceso” para el Poder Legislativo.

Finalmente, además de llevar la firma de su autor, el proyecto fue respaldado por los acciopopulistas José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón. Ellos se encuentran comprendidos dentro de la carpeta fiscal por el caso Los Niños y, en reiteradas ocasiones, se han pronunciado en contra de las indagaciones del Ministerio Público a parlamentarios en funciones.