Congreso: Investigados en caso Los Niños plantean restituir la inmunidad parlamentaria
Acción Popular presenta proyecto de reforma constitucional, con firmas de nueve parlamentarios que tienen una carpeta abierta en el Ministerio Público.
La bancada Acción Popular presentó esta mañana un proyecto de reforma constitucional, con el fin de restituir la inmunidad parlamentaria. Los nueve legisladores que firman esta propuesta actualmente forman parte de una carpeta fiscal de investigación por el denominado caso Los Niños.
El texto tiene como autor principal al legislador representante de Huancavelica, Wilson Soto, quien propone modificar el artículo 93 de la Constitución, para volver a regular el privilegio de la inmunidad parlamentaria.
Este legislador forma parte de la carpeta de investigación fiscal 204-2022, sobre el caso Los Niños.
Pero el proyecto de reforma para regresar a la inmunidad parlamentaria tiene también la firma de otros ocho legisladores de la bancada de la lampa: José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón.
Según la carpeta fiscal 204-2022, estos ocho legisladores también están comprendidos como investigados en el caso Los Niños.
La propuesta
El abogado constitucionalista Omar Cairo explicó que actualmente los congresistas pueden ser procesados y detenidos por flagrancia sin autorización del Congreso, por distintos delitos como estafa, asalto, agresión, entre otros.
PUEDES VER: Inmunidad parlamentaria: ¿qué plantea la propuesta que busca restituir el antejuicio a congresistas?
Si prospera la reforma constitucional que propone Acción Popular, los congresistas que cometen estos presuntos delitos ya no podrían ser procesados ni detenidos en casos de flagrancia; pues se tendría que pedir autorización al Parlamento. "Y el Congreso podría no autorizar la detención en caso de flagrancia", detalló.
Según precisa Omar Cairo, “durante toda la historia de vigencia de la inmunidad parlamentaria, solo ha servido solo como herramienta de negociación y encubrimiento”.
El constitucionalista precisó además que los congresistas actualmente tienen antejuicio político, para casos de presuntos delitos vinculados con sus funciones parlamentarias. Es decir, frente a hechos que cometen en el ejercicio de sus funciones sí es necesario pedir autorización al Congreso para el procesamiento en sede judicial.
"Ahora, si el Congreso aprueba esa reforma, sería ampliar esa protección a otros delitos ajenos a sus funciones", alertó, al tiempo de considerar que sería un retroceso y lamentable para un Poder Legislativo que es rechazado por nueve de cada diez peruanos.