Congreso: no hicieron caso a los informes sobre ley de colaboración eficaz

La ley aprobada la semana pasada en el Congreso que modifica la colaboración eficaz ha recibido diversos cuestionamientos de especialistas. Pero ya antes, desde que empezara a debatirse en la Comisión de Justicia, a inicios de 2022 y bajo la presidencia de Gladys Echaíz, fue motivo de observaciones de parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Todos consideraron que el proyecto 565/2021 resultaba “no viable”.

La iniciativa fue archivada en octubre de 2022. Sin embargo, la Comisión de Justicia, esta vez presidida por Américo Gonza (Perú Libre), pidió una reconsideración y el debate se reabrió.

Por ejemplo, la norma aprobada prohíbe corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con las declaraciones de otros aspirantes al mismo beneficio. Al respecto, el MP señaló que eso era innecesario “puesto que dicha posibilidad sería válida en la medida en que aporten información nueva o complementaria”.

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El PJ sostuvo que era “inviable” porque depende de cada caso y de la valoración que haga el órgano jurisdiccional. El Minjus señaló que ello “obstaculiza” el trabajo del MP y afecta su autonomía e independencia, establecidas de manera constitucional.

La norma aprobada también impone un plazo —originalmente de cuatro meses, luego se subió a ocho— para celebrar el acuerdo de colaboración eficaz, contado desde la solicitud por parte del interesado.

Sobre este extremo, el MP indicó que era algo “inadecuado” porque el tiempo dependerá de la “amplitud de las declaraciones y la información que se pudiera aportar”. El PJ advirtió que establecer un plazo podría “afectar” el desarrollo del proceso de colaboración eficaz debido a que, “en la práctica, muchas diligencias de corroboración pueden no ser satisfechas en corto tiempo por motivos ajenos al solicitante o la administración de justicia”.

El Minjus sostuvo que “es una propuesta alejada de la realidad y la práctica procesal” porque no tiene en consideración la complejidad que atañe este tipo de trámites. “Esta propuesta dificultará la eficacia del proceso por colaboración e impedirá que se extraigan de ella resultados de mayor alcance y envergadura para la lucha contra la criminalidad”, añadió el Minjus.

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Argumentos de peso que no se tomaron en cuenta.

Claves

¿Promulgación? Está en manos del Poder Ejecutivo hacer observaciones a la ley aprobada en el Legislativo.

Solicitud. De hecho, son varios —entre ellos, el procurador general, Daniel Soria— los que han solicitado a la presidenta Dina Boluarte que no promulgue la norma.

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Informes

El Ministerio Público y el Poder Judicial señalaron con claridad que el proyecto 565/2021, aprobado en el Congreso, no era viable.