Josué Gutiérrez: Congreso gastó más de S/75.000 para elegir a polémico defensor del Pueblo

El Congreso de la República —el del presupuesto histórico de S/928,2 millones en 2023 y criticado por sus gastos excesivos— desembolsó al menos S/75.000 para la contratación de personal para el funcionamiento de la Comisión Especial de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del Pueblo. El proceso finalizó —el 18 de mayo— con la elección de Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, como nueva cabeza de la Defensoría.

El proceso de elección no estuvo exento de cuestionamientos debido a que se realizó sin concurso público, a las críticas contra algunos candidatos y al problema judicial generado por una acción de amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo para detener el proceso. Logró hacerlo en dos oportunidades, pero para la tercera comisión se impuso la decisión del Tribunal Constitucional, frente a la demanda competencial planteada por el Congreso, de anular las resoluciones emitidas que paralizaban el proceso y rechazó cualquier intromisión judicial en decisiones del Legislativo.

En la práctica se crearon tres comisiones. La primera fue creada en el 2022 y fue presidida por la expresidenta del Congreso de la Republica, María del Carmen Alva. Se tuvo que suspender por decisión judicial. Meses después, en el mismo año, Freddy Díaz Monago —actualmente desaforado y bajo prisión preventiva— fue presentado como presidente de la segunda comisión encargada para la elección del defensor del Pueblo, pero debido a sus problemas legales fue separado del cargo y asumió Idelso García Correa. Finalmente, el Pleno no alcanzó los 87 votos necesarios para elegir a algunos de los candidatos propuestos.

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Fuentes del Congreso informaron a este medio que para las dos primeras comisiones no se contrató personal de confianza para su funcionamiento, pese a que la segunda sí cumplió con todo el calendario programado. Se habría empleado a trabajadores del servicio parlamentario que ya formaban parte de la planilla del Poder Legislativo.

Diferente fue la historia con la tercera comisión, la cual también estuvo presidida por Idelso García Correa. Este grupo de trabajo presentó un cronograma de actividades por etapas que fue desde el 5 de febrero hasta el 9 de mayo del 2023. Para esta ocasión, sí se contrató personal por un valor que supera los S/75.000 —de acuerdo a información a la accedió La República— en pago de remuneraciones. A pedido del parlamentario de APP se contrató apoyo de asesores, técnicos y auxiliares.

En total, se solicitó a seis profesionales, los cuales fueron contratados a partir las últimas semanas de enero: Rosa Nelly Berru Calle (asesor II con escala remunerativa nivel 8), Leslye Jamali Dominguez Berru (auxiliar con escala remunerativa nivel 2), José Daniel León Huamali (auxiliar con escala remunerativa nivel 2), Maritza Lorena del Rosario Mogollon Peña (asesor II con escala remunerativa nivel 8), Adan Esmit Neira Ramos (técnico con escala remunerativa nivel 5) y, finalmente, Juan Carlos Zurita Guerrero (asesor II con escala remunerativa nivel 8).

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En total se contrató a seis personas: tres asesores II con escala remunerativa nivel 8 (S/8.212 a S/8.957), un técnico de nivel 5 (S/4.659 a S/5.649) y dos auxiliares de nivel 2 (S/2.786 a S/2.988). Tomando como referencia el monto más bajo, se gastó como mínimo S/74.393 por los meses de febrero (S/23.869 en sueldos), marzo (S/26.655) y abril (S/23.869).

Aquí se debe precisar que no se tomó en cuenta los pagos por los 10 últimos días de enero, ni por las primeras semanas de mayo, cuando la comisión aún operaba. Esto indica que el monto total superaría los S/75.000. Con fecha del 15 de mayo, este medio pidió el estado del vínculo laboral del personal de confianza mencionado, cuatro de ellos seguían activos, de acuerdo a información brindada desde el Congreso.

Finalmente, el resultado del tercer proceso de elección del defensor del Pueblo, acabó con la designación de Josué Gutiérrez Cóndor, cuestionado por haberse desempeñado en el pasado como abogado de Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción. Además, por no cumplir con el perfil académico y formativo en derechos humanos esperado para dirigir la Defensoría del Pueblo, cargo que le permitirá acceder a un sueldo que supera los S/23.000 mensuales, monto compuesto por los conceptos de remuneración bruta (S/15.600) y el pago por función defensorial (S/7.617), lo que hace un total de S/23.217.