A propósito de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, ¿en qué quedó el proyecto de Isabel Cortez?

Este miércoles, tras iniciarse un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria anticipada de elecciones generales, invocando por primera vez la denominada muerte cruzada, establecida en el artículo 148 de la Constitución que se promulgó durante el Gobierno de Rafael Correa. En la carta magna de Perú, esta figura no está regulada; sin embargo, la congresista Isabel Cortez presentó en 2021 un proyecto de ley para incluirla.

Cortez planteó el PL 428-2021-CR durante el Gobierno de Pedro Castillo y en medio de constantes invocaciones a la figura de vacancia por parte de la oposición. El fin de la iniciativa es “la inclusión del mecanismo por el cual, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, al incurrir en alguna causal conforme se señala en la presente norma, pueden disolver al otro, acarreando su propia disolución ipso jure (de pleno derecho)”.

La propuesta de Isabel Cortez plantea la modificación del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que establece como causal de la vacancia de la presidencia de la República la “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

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“En este caso (vacancia por incapacidad moral permanente), su declaratoria dará lugar a la disolución automática del Congreso, debiendo convocarse a elecciones parlamentarias”, es el texto planteado.

El proyecto también propone modificar el artículo 134 de la carta magna, referente a la disolución del Parlamento, para precisar que se convocarán a elecciones generales cuando el último vicepresidente de la plancha electa haya sido vacado.

¿En qué quedó el proyecto de muerte cruzada?

Cortez sustentó su PL en noviembre de 2021. La entonces presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, solicitó opiniones al Ministerio de Justicia y a abogados constitucionalistas.

La cartera de Justicia calificó la iniciativa como “jurídicamente viable”, pero planteó observaciones, como determinar de qué manera se evitaría el vacío de poder que implicaría el cierre del Congreso y la vacancia presidencial simultánea.

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También remitieron sus argumentos en contra del proyecto el abogado Gerardo Eto y el Observatorio Parlamentario.

El proyecto luego permanecería encarpetado hasta febrero de este año, cuando la nueva Comisión de Constitución acumuló la iniciativa de Isabel Cortez junto con otras 16.

Sin embargo, la secretaría técnica del grupo de trabajo que preside Hernando Guerra García no recogió la propuesta de la muerte cruzada al estimar que “solo constituiría un mecanismo de subordinación del Poder Legislativo ante el Ejecutivo, es decir, generaría un gran desbalance de poderes”.

“Cabe afirmar que la denominada ‘muerte cruzada’ es más propia de sistemas parlamentarios y no presidenciales como el nuestro; y, además, que nunca ha estado regulada en nuestras constituciones, por lo que cabe afirmar con toda certeza que su exclusión es parte de la Constitución Histórica”, se lee en el dictamen.

Isabel Cortez solicitó la desacumulación de su proyecto en abril de este año.