La Comisión Permanente aprobó la denuncia contra la congresista María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), acusada de haber recortado el sueldo a uno de sus trabajadores en el Parlamento, y decidió otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que proceda a iniciar la investigación y otras tres denuncias constitucionales declaradas procedentes.
En el caso de Cordero, con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se declaró procedente la denuncia constitucional n° 359, presentada por la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, por presunto delito de concusión y diversas infracciones, por las que pide que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.
Ello con base en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido al procedimiento de acusación constitucional, que precisa que el plazo máximo para investigar no debe pasar de los 15 días hábiles.
La congresista Susel Paredes (no agrupada) sostuvo que la denuncia es muy grave y considera que en las diferentes bancadas hay voluntad de tramitar rápidamente la denuncia contra Cordero Jon Tay, por lo que cree que “lo más probable es que se le sancione, pierda su curul y quede impedida de ejercer algún cargo público por un buen tiempo, teniendo en cuenta que el pedido es la inhabilitación de 10 años”.
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La denuncia contra Cordero fue presentada por Martha Moyano y avalada por la bancada fujimorista, después de que Punto Final reveló audios que acreditarían que recortó el sueldo de uno de sus trabajadores.
“Porque a ti ya te depositaron, ya. Vamos al cajero de una vez (…) Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.
María Cordero justificaba el recorte del sueldo de su trabajador con las deudas que adquirió en campaña. Foto: Congreso
En la sesión se aprobó, además, la salida de Hitler Saavedra Casternoque (Somos Perú) de la SAC y, en consecuencia, la aceptación de José Pazo Nunura (del mismo grupo parlamentario).
Asimismo, la Comisión Permanente, aprobó las denuncias constitucionales n° 285 y n° 287 en contra del expresidente Francisco Sagasti por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal y la infracción a los artículos 2, 118, 139 y 172 de la Constitución.
La SAC tendrá 15 días para elaborar el informe final que deberá ser elevado al Pleno del Congreso, a fin de que pueda decidir la sanción al exmandatario o el archivo de la acusación.
De igual forma, la Comisión Permanente, por unanimidad, otorgó el mismo plazo (15 días) para investigar y presentar el informe final de la denuncia constitucional (DC) n° 131 contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.
También se aprobó la DC n° 323 contra el juez supremo Víctor Castillo León por la presunta infracción constitucional del artículo 139 numeral 3 de la Constitución; y la posible comisión del delito de omisión de funciones.
Tras asegurar que “sigue siendo presidente del Perú”, el exmandatario Pedro Castillo se negó a declarar ante los miembros de la Comisión de Fiscalización por los presuntos delitos de corrupción en los proyectos financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín.
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Insistió en realizar el juramento de ley de manera presencial, lo que era imposible debido a que se encuentra en prisión y ante su negativa a juramentar, la sesión tuvo que ser suspendida.
Durante la audiencia, Eduardo Pachas, abogado del exmandatario, asumió su defensa, pues la abogada Lisset Garrido, quien había sido acreditada ante el Congreso, no se encontraba habilitada por el Colegio de Abogados de Lima.
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Archivo. La Comisión Permanente archivó 13 denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la SAC. Entre ellas, contra Nelson Shack, Ernesto Blume, José Luis Sardón, Manuel Miranda, Augusto Ferrero Costa, entre otros.