Congreso: Junta de Portavoces elige miembros de comisión que investigará muertes en protestas este lunes
Una vez compuesta, la propuesta de la mezcolanza parlamentaria deberá ser ratificada en el Pleno.
Agenda. Este lunes 3 de abril, la Junta de Portavoces del Congreso deberá conformar preliminarmente la comisión investigadora que determinará las presuntas responsabilidades de las muertes en protesta social. Desde el comienzo de las manifestaciones aclamantes de la remoción de la clase política dirigente, el 7 de diciembre, ha fenecido más de media centena de connacionales. De acuerdo con las necropsias, al igual que la correlación entre las pruebas balísticas y los armamentos dispuestos a las fuerzas del orden, diversos informes periodísticos han expuesto que la mayoría de peruanos murieron fusilados.
Quienes deberán seleccionar a los miembros para luego presentarlos ante el Pleno son José Williams Zapata, Martha Moyano Delgado, Silvia Monteza Facho, Alejandro Muñante Barrios, José Arriola Tueros, Flavia Cruz Mamani, Paul Gutiérrez Ticona, Patricia Juárez Gallecos, Nieves Limachi Quispe, José Luna Gálvez, Jorge Marticorena Mendoza, Jorge Montoya Manrique, Edgard Reymundo Mercado, Hitler Saavedra Casternoque, Alejandro Soto Reyes y Adriana Tudela Gutiérrez.
De aprobarse, la comisión investigadora sobre las "graves afectaciones a los derechos humanos, tales como a la vida y la integridad física", tendrá 90 días calendario para recabar información.
En paralelo, el Ministerio Público investiga a la presidenta y el primer ministro
La Fiscalía se encuentra investigando, en etapa preliminar, a la jefa de Estado, Dina Boluarte, junto al jefe de gabinete, Alberto Otárola, por los presuntos ilícitos de homicidio calificado y genocidio, debido a las cuantiosas pérdidas humanas desde que asumieron el mando del Perú.
De momento, el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio contra Boluarte Zegarra está detenido. El Ministerio Público de Patricia Benavides apeló la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria que permitía la consulta a los investigados de parte de la Procuraduría y los defensores de las víctimas. Está pendiente de resolución.