El 21 de marzo, el contralor general, Nelson Shack, le envió un oficio al presidente de la Comisión Encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la elección del defensor del Pueblo, Idelso García del Congreso, en el que detalla qué candidatos “habrían sido comprendidos en auditorías de cumplimiento”.
“En la base de datos de funcionarios con presunta responsabilidad como resultado de servicios de control posterior, se identificaron a tres candidatos aptos para la elección del defensor del Pueblo”, dice el documento de la Contraloría General de la República (CGR).
Los postulantes mencionados son Gastón Soto, propuesto por Alianza Para el Progreso (APP); Josué Gutiérrez, invitado por Perú Libre y Pedro Cartolín, promovido por Somos Perú.
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El informe N.° 014-2008-2-5339 sostiene que cuando Gutiérrez era consejero del Gobierno Regional de Huánuco, esta institución “aprobó la exoneración de procesos de selección por causal de desabastecimiento inminente para la contratación de servicios y materiales para la ejecución de la obra sustitución del Puente Semuya del distrito de Honoria por el monto de S/769.889,84; soslayando la normativa vigente”.
La CGR le atribuyó responsabilidad administrativa.
Este diario pidió la versión de Gutiérrez. “El consejero no tiene facultades ejecutivas. Debe ser una equivocación. Suele ocurrir que ahora están por tergiversar todo. No tenía conocimiento de ese informe, pero como Consejo no tenemos ninguna injerencia en procesos de selección, eso es propiamente del Ejecutivo”, alegó.
Esta semana la Fiscalía informó al Congreso que Gutiérrez tiene investigaciones por peculado y apropiación ilícita. El candidato niega tener procesos pendientes. “Probablemente se equivocaron”, enfatiza.
El informe N.° 120-2003 de la Contraloría indica que, en la gestión de Soto, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hubo el “otorgamiento indebido de asignación por combustibles a los gerentes generales y secretarios generales durante el periodo 1998-2000 ascendente a S/177.852,40 en efectivo, sin exigir la rendición de cuentas correspondientes”.
Asimismo, afirma que “durante el periodo 1998-2000 se otorgó una asignación indebida por combustible a los miembros del Pleno ascendente a S/412.917,85 sin la debida rendición de cuenta”. La responsabilidad que encontró dicho expediente es civil.
El informe N.° 224-2006 asegura, sobre el mismo caso, que hubo responsabilidad administrativa de Soto. “Hicieron una acción judicial civil diciendo que teníamos que haber presentado documentos que acrediten los gastos de movilidad. El procedimiento ha continuado”, refirió el magistrado a este diario.
Soto recalca que nadie le ha señalado responsabilidad penal. “Ese es un juicio que dura años, que hubo resoluciones desfavorables para la Contraloría y algunas siguen pendientes”, dijo el exintegrante del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.
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En el caso del postulante Cartolín, la Contraloría, en su informe N.° 199-2004, señala que el candidato fue gerente de Asuntos Legales de la Empresa Municipal de apoyo a Proyectos Estratégicos S.A - Emape y que en ese periodo hubo la omisión de un expediente técnico que “dio lugar al pago del adicional de obra N.° 05 por la construcción de cuatro cisternas en las orejas de los cruces de la av. Javier Prado con la av. Aviación y av. San Luis, por el monto de S/316.124,95”.
Asimismo, en su informe N.° 004-2004-2-0961, la CGR asevera que “la suscripción de la adenda al contrato para incorporar el servicio de limpieza de la vía expresa de Javier Prado como una prestación adicional hasta la vigencia del contrato, a un costo mensual de S/43.012,67, no se ciñe a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”.
En ambos casos, la Contraloría encontró responsabilidad administrativa. Cartolín no respondió a nuestras llamadas para obtener su versión.