El expresidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, solicitó a la Comisión Permanente reprogramar el debate del informe final de la denuncia constitucional que planteó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Alegó que no se hizo llegar a su despacho los anexos del caso. El presidente del Congreso, José Williams, accedió al pedido de la defensa legal del exjefe de Estado.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, alertó que Castillo Terrones intentaría dilatar el proceso y exigió que se vea el caso lo más pronto posible. Diego Bazán (Avanza País) y Susel Paredes (No agrupado) respaldaron la posición de la apepista.
Williams citó al expresidente Pedro Castillo para este viernes, a las 10.00 a. m. "La sesión se va a realizar con o sin la presencia del señor Castillo", advirtió el jefe de la Mesa Directiva.
Nota previa
La Comisión Permanente del Congreso evaluará y votará, a partir de las 10.00 a. m., el informe final de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. Dicho informe recomienda acusar al exjefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El documento fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 29 de diciembre de 2022, con 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
Este informe también recomienda que el pleno del Congreso acuse a los exministros Juan Silva, por organización criminal y cohecho, y Geiner Alvarado, por organización criminal.
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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindica al expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por 18 meses, como líder de una organización criminal que se habría enquistado en el Gobierno.
A través de un escrito, el exministro Geiner Alvarado solicitó a la Comisión Permanente que apruebe el informe final de la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“Considero que todo funcionario o servidor público tiene el deber de facilitar en grado sumo el esclarecimiento de su conducta en el servicio a la nación y no detener, impedir o dilatar, por medio de algún privilegio, los procesos y procedimientos destinados a dicha finalidad constitucionalmente legítima. En ese sentido, guiándome por dicho principio, le comunico formalmente que me allanó a la pretensión del Ministerio Público y solicito que se apruebe la acusación constitucional, con la finalidad de que la Fiscalía de la Nación pueda proceder al dictado de la correspondiente disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria”, apuntó Alvarado.