Martín Vizcarra: aprueban informe final para acusarlo constitucionalmente por colusión

Aprobado. Martín Vizcarra seguirá siendo investigado por su gestión de expresidente luego de que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobara el informe final que recomienda una acusación constitucional en su contra debido a las presuntas compras irregulares durante la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, el grupo de trabajo, liderado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), aprobó con 13 votos a favor y una abstención el documento para denunciar al exmandatario por el supuesto delito de colusión en agravio del Estado.

Del mismo modo, se incluyó en el informe a la exministra de Salud María Elizabeth Hinostroza y la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) María Antonieta Alva.

En el documento, leído por Héctor Ventura, se encontró responsabilidad de los exfuncionarios en cinco líneas de investigación referente a: adquisición de pruebas rápidas; negociación, compra, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; compra y suministros de oxígeno medicinal; decesos por la COVID-19; y adquisición de estructuras metálicas, así como equipamiento para el sector salud el 2020.

“Se ha corroborado, en el caso de la línea de investigación referente a la adquisición de pruebas de para la prevención y control del COVID-19, que se ha vulnerado (la Constitución) al poner en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos al exponer al descarte de COVID-19 mediante pruebas rápidas; que evidencia una violación a sus funciones, competencias y política nacional de salud”, sostuvo Ventura en la sesión de la comisión el último jueves.

Fiscalización también recomendó acusar a exministro Víctor Zamora

En esa misma línea, se recomendó también otra acusación constitucional contra el extitular del Ministerio de Salud (Minsa) Víctor Zamora por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se ejecutaran las adquisiciones del gobierno de Martín Vizcarra.

Por otro lado, se consideró que se aprobó un decreto para la compra de pruebas rápidas, sin considerar las normas legales de salud vigente, que solo permitían la molecular como única para diagnosticar la enfermedad. Ahora, el informe aprobado será remitido a la Fiscalía para que continúen con la indagación y proceda a la denuncia penal.