La cuestionada Ley N. ° 3107, también conocida como 'Ley de impunidad', busca eliminar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sucedidos antes de 2002. La normativa que fue oficializada por orden del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ya se encuentra promulgada en el diario El Peruano.
Ley de impunidad promulgada en El Peruano.
Asimismo, la Ley N. °32108 contra el crimen organizado, ordena que de los 91 tipos penales que existen en la actualidad, se sugiere eliminar 59, lo que implicaría que delitos como la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de migrantes ya no serían catalogados como graves.
Además, delitos con penas menores a los seis años de cárcel ya no entrarían a la clasificación de "graves", por lo que ya no enfrentarían un proceso judicial más riguroso. Otra de las modificaciones de la mencionada ley se refiere al proceso de allanamiento de inmuebles, pues solo se podrá realizar en presencia del investigado y su abogado.
Ley contra el crimen organizado promulgada en El Peruano.
De acuerdo con Rosa María Palacios, la ley oficializada por el Congreso y no observada por el Gobierno de Dina Boluarte favorece completamente a Alberto Fujimori.
"Todo esto es ventajas para Alberto Fujimori. El Perú ya no respeta tratados, con el indulto a Fujimori no los ha respetado y con esta ley (de impunidad) para exonerar a Fujimori de todos los juicios que se le vienen, tampoco", precisó.
Por su parte, durante una entrevista pasada con RPP, el abogado del expresidente, Elio Riera, confirmó que de aprobarse la mencionada ley, solicitarían la aplicación inmediata.
"Definitivamente, si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. No queda otra alternativa para la sala o el juzgado que el cumplimiento de la ley", dijo el letrado.
Como se sabe, Fujimori cumple una condena de 25 años por los crímenes de La Cantuta (1993) y Barrios Altos (1991), dos hechos de la historia característicos por la violación de derechos humanos. El grupo militar encubierto conocido como Grupo Colina asesinó a 25 personas bajo las órdenes directas de Fujimori.
Para declaraciones a este diario, el politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, señaló que si bien no habría una sanción económica o militar, sí existiría implicaciones políticas.
"Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela", precisó.
También precisó que, al aprobar esta ley, no solo se está enfrentando a la CIDH, sino también al sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría generar una repercusión más significativa y complicar el ingreso de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"La OCDE en sus informes ha señalado que es muy importante la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos (...) Nos pondría a un nivel de países que actualmente están aislados del sistema, como: Venezuela, Cuba y Nicaragua", finalizó.